El Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han votado este jueves en contra de la proposición no de ley de ERC que instaba al ejecutivo de Mariano Rajoy a derogar la ley de Seguridad Nacional, en la comisión Mixta de Seguridad en el Congreso. Dicha legislación ha sido interpretada desde que fue impulsada en el año 2015 como una forma encubierta del Gobierno para tomar el control de los Mossos d'Esquadra. El frente constitucionalista ha impuesto sus 27 votos en contra, frente los 3 a favor de ERC, PDeCAT y el PNV, y la abstención de Podemos (5), ahora que la Generalitat avanza decidida hacia el referéndum.

El encargado de presentar la propuesta ha sido el senador republicano Bernat Picornell, quien ha explicado el punto del articulado de la ley del que se desprende que el Estado puede hacer suya la policía autonómica. "Una situación de interés es aquella que por la gravedad de sus efectos requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes (...) bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional", ha citado. En opinión de Picornell, eso permitiría a la Moncloa actuar sin previa consulta o deliberación del poder legislativo –el Congreso– vía Real Decreto.

"Hablando claro: se guardan un as en la manga para tomar el control de los Mossos d'Esquadra el día que más les plazca", ha denunciado el senador, en una referencia velada al día de la celebración del referéndum. "Como muchas cosas en este Estado, se ha hecho con nocturnidad, sin previo aviso. Insisto: con España y su bandera por delante de todo", ha añadido más tarde sobre otras acciones llevadas a cabo por PP y PSOE en el pasado, como la reforma de la ley del Tribunal Constitucional. "Es la utilización de la Policía como brazo político", se ha lamentado el republicano.

El PNV también hace la misma lectura. El diputado Mikel Legarda ha señalado que la ley estaría creando por la puerta de atrás una suerte "de Estado de crisis no constitucionalizado". "La situación de interés que cita esta ley es diferente que la situación de Estado de alarma, excepción o sitio," ha dicho sobre tres escenarios que sí están comprendidos en la Constitución española y que se entienden como momentos límite en una democracia.

El peneuvista ha añadido también que la ley era "de adscripción", es decir, que no va orientada a la coordinación entre la policía del Estado y la autonómica, sino que el Gobierno tomaría el control de la segunda.

En el turno de Cs, el diputado Miguel Rodríguez ha contraatacado evidenciando su acuerdo con dicha ley, después de que el Parlament reformara el reglamento de la cámara para aprobar leyes en 24 horas –la misma vía con que se hizo la última reforma de la Constitución. "Pretenden colar una ley para hacer un golpe de Estado dentro de su comunidad autónoma. Sin que pueda ser votada, escondida ¿Cómo se han atrevido a plantear esta proposición no de ley? Sigan ustedes con el golpe de estado. Para eso está el Estado español: para defender sus intereses", ha concluido.

Finalmente, Picornell ha recordado que la ley centralizaba determinadas competencias de las comunidades y por eso la Generalitat la impugnó en el Tribunal Constitucional que dio la razón al gobierno español-.

El turno de Unidos Podemos ha sido mucho más breve, y el diputado Rafael Mayoral ha tardado diez segundos en decir que se abstendrían, sin aportar ningún argumento al respecto.

Más extenso ha sido el grupo socialista, que ha reivindicado una ley que, "si no existiera, se tendría que crear por razonabilidad y responsabilidad", ha dicho el diputado del PSOE. Este ha intentado desviar el foco de atención de Picornell –que aludia al proceso soberanista–, y ha leído el motivo que reza en el texto de creación. "La ley va destinada a proteger derechos y libertades de todos los españoles y españolas, a garantizar la defensa de España, principios y valores constitucionales, así como a contribuir a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos", ha reivindicado.

El senador, sin embargo, se ha vuelto que la protección en caso de circunstancia internacional –véase yihadismo, otros ataques terroristas o necesidades de Defensa– ya tenían sus propias leyes.

El Partido Popular tampoco ha querido entrar a discutir los argumentos de ERC, sino que se ha limitado a afirmar que la legislación tenía un objetivo compartido de todas las administraciones públicas. "Esta ley nace del fruto del consenso, después de que en el 2013 se aprobara la estrategia nacional de Seguridad, con la cantidad de esfuerzos que sumamos", ha afirmado el diputado popular en la comisión que presidía el exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.