El mismo día en que el líder del PDeCAT y exconseller de la Presidència, Francesc Homs, firmaba la notificación del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación a un año y un mes por poner las urnas del 9-N, Partido Popular y PSOE se volvían a quedar solos en el Congreso defendiendo que el Tribunal Constitucional no estaría politizado, ante la crítica de una mayoría de grupos. Así y todo, Cs ha tenido el apoyo de PP y PSOE –242 votos– para crear un grupo de trabajo que en el plazo de seis meses elabore un documento sobre cómo reformar la institución en una posterior ley orgánica, y fomentar la independencia del órgano. La medida, sin embargo, no satisfará una de las quejas que Podemos, PNV, ERC y PDeCAT han hecho emerger: el tratamiento de los conflictos territoriales, después que el expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos afirmase que la institución no podía resolver el proceso soberanista.

El impulsor de la medida, Juan Carlos Girauta, ha cargado sobre aquello que llama "un Estado de partidos", donde los populares y los socialistas -presuntamente- se repartirían los "sitios a cubrir, entre cúpulas", con el consecuente "descrédito" que eso generaría en la opinión pública. "Pretendemos volver a los principios de los padres de la Constitución, que seguramente no sería una situación que ahora parece normal para los partidos pero anormal para los observadores" ha dicho, después de que hace dos semanas se renovaran los cuatro miembros del TC, propuestos por PP y PSOE.

Al margen de Cs, los partidos con sensibilidades soberanistas han desplegado a una batería de reproches sobre la forma y fondo del TC.

El diputado de Unidos Podemos, Jaume Moya, ha denunciado que el Alto Tribunal hubiera quedado "completamente desacreditado", tras la aprobación de la ley orgánica de reforma del TC por parte del PP, en que se permitía suspender a políticos –cosa que la Comisión de Venecia reprueba y el Congreso instó a derogar hace unas semanas. "Es un reflejo desdibujado, una falange más de la Brigada Aranzadi que ataca todo aquello sospechoso de derecho a decidir– ha dicho. También ha denunciado la falta de representación de las mujeres en la institución: por 60 magistrados hombres, sólo había 5 que eran de sexo femenino.

El líder de EC, Joan Tardà, ha profundizado sobre la cuestión del proceso y la "politización". Primero ha asegurado que Pérez de los Cobos se había "ufanado" de ser militante del PP, como símbolo de "decadencia" y "putrefacción" de la institución. "Si reconocen interés en modificar la ley del 79 del es porque hay algo que huele a podrido" ha lamentado. Los republicanos, sin embargo, han votado en contra de la medida de Cs porque no se han incluido sus demandas: la imposibilidad de que el Alto Tribunal juzgue cuándo se actúa "en cumplimiento de un mandato democrático", que no elimine leyes autonómicas, y que el TC no pueda tumbar los estatutos refrendados por el "pueblo o las urnas" ha dicho Tardà.

Con la sentencia de Homs sobrevolando la cámara durante todo el día, el diputado demócrata, Jordi Xuclà, ha exigido que el TC fuera un "mediador, no un brazo ejecutor" de los conflictos entre Estado y autonomías. "Un TC que toma decisiones políticas y que ha tomado la decisión de apartar a Homs de sus funciones. Su humanidad tendría que ir orientada a expresar su sentimiento hacia un diputado de esta cámara que puso las urnas. Eso pesará sobre su espalda y de la democracia española", ha sentenciado.

A su vez, el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha señalado la que cree como la causa del "descrédito" del TC. "En España, se presenta no tanto como un árbitro del Estado constitucional y autonómico, sino que como el máximo garante de la supremacía constitucional", ha asegurado parafraseando a otro jurista de renombre. A su parecer, la institución no habría conseguido reducir los conflictos, sino hacerlos crecer. "Se ha instalado un Estado autonómico judicializado, ha perdido autoridad después de la sentencia catalana contra el Estatut", ha remachado. Más tarde ha insistido en que una de las funciones básicas asignadas al Alto Tribunal era la de la "Constitución territorial", en relación con el País Vasco y Catalunya, y que se había perdido el principio de pluralidad.

Y a su vez, PP y PSOE, han lamentado las denuncias de Girauta sobre la elección de los magistrados. Ambos han defendido que estos seguían unos estándares con elevados requisitos y que las sentencias solían tomarse por unanimidad y votos particulares como síntoma "de autocontrol". "No son obra de vicarios bajo la instrucción de los partidos, ni de magistrados mediocres", ha denunciado el socialista Gregorio Cámara. "No creemos en el desprestigio de la institución, ni en que no sean independientes", ha añadido el popular Francisco Martínez, quien no ha rechazado las "oportunidades de mejora" de Cs.