Convencida de que "ha sido un juicio político" y que "no hay argumentos que permitan la inhabilitación", la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha querido poner en conocimiento de todo el mundo en RAC1 el grave alcance que ha supuesto el juicio por el 9-N lamentándose de que "mi hija debe haber oído alguna cosa porque me preguntó si entraría en la cárcel". Ortega tiene tres hijos, dos mayores de edad y una menor, que fue adoptada en China y habría sido ella quien le habría hecho esta pregunta.

Por eso, y por todas las acusaciones recibidas, entre ellas el informe del fiscal Emilio Sánchez-Ulled, la exvicepresidenta ha confesado que "ha habido momentos en que lo he pasado muy mal" y ha querido agradecer todo el apoyo recibido de la ciudadanía asegurando que "me he sentido mucho acompañada por mucha gente, gente anónima."

Gente anónima que también incluye a los voluntarios que hicieron posible la consulta y por quienes Ortega siente "un gran respeto y admiración". En este sentido, ha querido dejar claro que fueron ellos quien "ejecutaron" el 9-N y ha subrayado que "el Govern no lo habría podido parar" porque "en cuatro horas tuvimos más de 12.000 voluntarios" y "no sabíamos como canalizarlo".

Y no sólo eso. Después de haberse pasado más de un año y medio preparando la consulta, la exvicepresidenta ha recordado que "en 14 días tuvimos que darle la vuelta"

El error de la desobediencia

La desobediencia, sin embargo, no es una opción para ella para la celebración del referéndum y cree que "hay otros caminos" y mecanismos que" permitirán "poder hacer el referéndum de manera que todo el mundo pueda participar". Sin embargo, sin embargo, es consciente de que a menudo, la vía del diálogo se acaba cortando y se va directamente por la vía judicial.

Poniendo encima de la mesa que "yo no haré nunca una carrera por la desobediencia", aunque "eso no quiere decir que no acepte la responsabilidad", Ortega ha se ha lamentado que "se haya frivolizado con este concepto", pero ha recordado que, en este caso, "no hay elementos jurídicos para la desobediencia ni para la prevaricación".

Por todo ello, se ha mostrado consternada porque, ha asegurado, "me revienta que sea la justicia a quien me acabe quitando de un derecho que tengo" y todavía más teniendo en cuenta que "el gobierno del estado no lo quiso parar" en el momento que tocaba y, efectivamente, cuando vio la participación se encendieron las alarmas".