El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha evitado hoy pedir a las empresas que se han marchado de Catalunya en las últimas semanas que vuelvan. "Eso es una decisión empresarial y la tarea del gobierno es volver a la normalidad", ha afirmado en respuesta a una pregunta sobre si animaría en estas empresas a dar el paso la inversa.

Según el ministro, "más que animar a que vuelvan, la tarea tiene que ser crear la normalidad suficiente para que vuelvan" y por lo tanto "no estimular a través de declaraciones públicas sólo, sino hacer el trabajo para que se eliminen las causas de inseguridad".

En este sentido, ha apuntado que el hecho de que las empresas actúen de esta manera "dependerá de su decisión, igual que cuando la tomaron en sentido contrario", sin embargo "no hay duda que como más devolvemos a la normalidad, no tendrán el motivo de la inseguridad para no volver si así lo decidan".

En todo caso, ha dicho, esta decisión de volver la tendrían que tomar "caso a caso y una en una" estas empresas mediante "sus propios consejos de administración, juntas generales y órganos de gobierno empresarial".

Ninguna pérdida para España

Montoro ha asegurado, sin embargo, que una vez restablecida la "normalidad" —en sus propios términos— después de la aplicación del artículo 155 "hay más posibilidades" que lo vuelvan. Una vez que en Catalunya "se establezca por completo la normalidad con las elecciones del 21-D serán las propias empresas las que irán tomando sus decisiones, que expresarán un nivel de confianza en la legalidad que se sustenta en un determinado territorio".

Ha hecho estas manifestaciones en los pasillos del Congreso después de que este martes su Ministerio anunció que casi 1.000 empresas habían cambiado su sede fiscal desde Catalunya en otros puntos del Estado. Según el ministro, las que lo han hecho así buscan "seguridad jurídica" respeto "al pago de impuestos". "Están buscando una cobertura de seguridad que les ha faltado por parte de las autoridades de la Generalitat" ha dicho.

En este sentido, ha admitido que el cambio de domicilio fiscal afecta a la recaudación autonómica, pero no la del Estado, un hecho "que hay que poner en valor" porque "no se ha producido una deslocalización fuera de España". "Han cambiado la sede dentro de los territorios, y por lo tanto en términos de tributación no hay ninguna pérdida para los españoles". Ha apuntado también que el Ministerio no ha cuantificado todavía cuánto dinero pierde Catalunya con la salida de las empresas.