La trágica muerte del fiscal general José Manuel Maza llegaba este sábado en un momento álgido para la judicialización del proceso soberanista, después de que ocho consellers, entre ellos Oriol Junqueras, fueran encarcelados de forma cautelar en Estremera y Alcalá Meco hace unas semanas, y de que Carles Puigdemont esperara en Bélgica junto al resto del Govern destituido que se resolviera la orden de extradición, con la sombra de la prisión planeando también sobre sus figuras, una medida que había defendido el ministerio público para dichos dirigentes a lo largo de este tiempo, con Maza al frente.

Es precisamente la magnitud de sus querellas lo que marcará el legado de un fiscal general, nombrado hace menos de un año, el pasado 26 de noviembre, que él mismo reconocía firmar personalmente de forma intencionada. "No es muy habitual, lo hago por la importancia y trascendencia de las personas contra las cuales me querello, que tienen que ser tratados a la altura," explicaba en su última entrevista en la cadena SER hace pocos días. Al respecto insistía en que no había "la más mínima chulería" en el hecho. "Todo lo contrario, era mi responsabilidad", dijo.

La cuestión es que los delitos atribuidos a la declaración de independencia y el referéndum registraron tipos delictivos de los más elevados, de entre 5 y 30 años de prisión. Rebelión, sedición, malversación pidió ante la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los 13 consellers, los mismos que al Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell y la Mesa. A esta acción se sumaba la acusación de sedición para los dirigentes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, aprisionados de forma cautelar hace más de un mes en Soto del Real.

Así las cosas, la acción del juez belga de dejar al Govern destituido en libertad marcó un agravio comparativo respecto de la Justicia española, que Maza interpretó con que no existía riesgo de reiteración delictiva en Bélgica. Eso sí, el precedente fue aprovechado por el independentismo para cuestionar nuevamente el papel del ministerio público, la judicatura y el Estado, en su envite frontal contra el proceso. Sin embargo, Maza negó que hablara con el ejecutivo de Mariano Rajoy. "En ningún momento me he visto comprometido o instruido" expuso sobre la independencia de sus decisiones.

El hecho es que el fiscal general había destacado por un marcado perfil propio basado en la dureza discursiva. "Abducidos" había tachado en una ocasión a los ciudadanos partidarios del Estado propio. "Bastante paciencia ha tenido el Estado de Derecho" se jactaba en la cadena SER, ofreciendo una valoración que bordeaba su papel de número uno del ministerio público. También fue entonces cuando reconoció que si los exconsellers hubieran asegurado acatar la Constitución "algo habría cambiado", sobre la prisión cautelar, pero no fue así, ya que se negaron a contestar preguntas.

Igualmente duro se había llegado a mostrar con los voluntarios del referéndum, cuándo hace meses no descartó la posibilidad de abrir causa penal contra quienes decidieran participar de la logística del 1-O. "La cuestión está más al límite de lo que podría ser una conducta ilícita penal o no. Es un tema a estudiar, que yo espero no tener que aplicar, pero se tiene que estudiar", dijo entonces. Tiempo más tarde Maza afirmó que actuaría contra ellos "sin complejos", querellándose si hiciera falta. Estas palabras resultaron contraproducentes y generaron un alud de voluntarios.

Los ayuntamientos tampoco quedaron exentos del ariete de la fiscalía, después de la carta de Maza enviada a los alcaldes catalanes avisándoles de posibles citaciones para declarar si colaboraban con poner de urnas, bajo la amenaza de detención si se negaban. El gesto alteró los ánimos de los partidos soberanistas catalanes y españoles, en medio del largo listado de querellas del ministerio público contra los actores proceso. Un fiscal reprobado por el Congreso, tras el cual se había protegido el Estado, en un intento de detener al independentismo mediante los tribunales.