El Gobierno sigue quitando hierro a las acciones del independentismo y Carles Puigdemont desde el exterior, y dice dudar de que los 45.000 manifestados –que según la policía belga se habrían congregado para la manifestación Despierta, Europa en Bruselas– fueran sólo independentistas catalanes. Así lo aseguraban fuentes de la Moncloa entre pasillos, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las cuales decían haber visto banderas de fondo amarillo con el león negro, que no la estelada, las cuales podrían pertenecer al movimiento independentista flamenco.

La duda sobre la cifra se suma al silencio entorno a las acciones de Puigdemont desde se marchó a Bélgica para evitar la entrada en la prisión. Por ese motivo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha cargado contra el hecho de que sean los ciudadanos los que viajan para ver al candidato, y no a la inversa. "Es muy significativo, normalmente quien se presenta es quien tiene que ir a ver a los ciudadanos", se ha jactado. En último término, ha increpado los movilizados que tenían derecho a manifestarse en tanto que tenían "un DNI español y pertenecen a la Unión Europea".

Estas palabras llegan después de que hace unos días Puigdemont denunciara el hecho de que la UE no hubiera dado apoyo a la independencia, por lo que sugirió un referéndum en Catalunya para salir de ella. Por ese motivo, Santamaría ha sido especialmente dura afirmando que el procés era "la propuesta más anticatalana que se habría hecho en la historia", en tanto que habría generado una "fractura social" además de consecuencias para la economía. Asimismo, ha asegurado que los propios dirigentes del proceso serían quienes lo han cuestionado recientemente por "imposible, inmaduro e inviable". "Dice más de su competencia que de sus ideas", se ha jactado.

Ante ese escenario, el ejecutivo huye de hacer declaraciones sobre los sondeos que auguran al Partido Popular un desplome hasta los 6-7 escaños, como tampoco opinan de los pactos post-electorales. Así y todo, sí valoran la "normalidad" que se estaría cursando con la aplicación del 155. "Quiero agradecer a todos los empleados de la Generalitat su intervención. Se está llevando a cabo una gestión ordinaria", ha asegurado la vicepresidenta. Santamaría comparecerá, si bien, en el Senado el 18 de diciembre para rendir cuentas, días antes de que se cumpla el plazo de dos meses que la Moncloa se había fijado para hacerlo.