El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acaba de comunicar a las defensas que levanta la medida de prisión provisional para todos los consellers excepto para el vicepresidente, Oriol Junqueras; Joaquim Forn, y los presidentes del ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Llarena lo justifica así en su providencia: "No ocurre lo mismo respecto a alguno de los investigados que hoy se contemplan, concretamente respecto de D. Oriol Junqueras, D. Joaquim Forn, D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro; las aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a los que se vean alcanzados por ella".

La decisión no es firme y por lo tanto ahora los cuatro acusados pueden presentar un recurso. De hecho, el abogado de Junqueras tiene claro que presentará un recurso de apelación. Se prevé que Forn, Sànchez y Cuixart hagan lo mismo.

El juez Pablo Llarena acuerda mantener la prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras; para el exconseller de Interior, Joaquim Forn, y para los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Para los otros seis exconsellers de Cataluña que están en prisión, el juez acuerda la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de ellos.

Una vez que las depositen, el magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión. 

El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de las cuatro personas que mantiene en prisión. 

En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para acordar una medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de la ANC y Òmnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en tanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y también porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender a los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora. 

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los diez querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El asedio a Economia

A la espera de recibir la providencia donde el juez argumenta su decisión, Pablo Llarena parece haber puesto dentro del grupo de los responsables del asedio al Departamento de Economía el 20 de septiembre al consejero de Interior, Joaquim Forn. Por este caso están imputados los Jordis y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Conselleria de Economia en Barcelona. 

“El riesgo de reiteración de sus conductas —añade el magistrado— impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no solo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”. 

En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”. 

El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. 

Un mes entre rejas

Junqueras y los siete consellers están en la prisión desde el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Catalunya, mientras que Sànchez i Cuixart hace más tiempo que están en la cárcel, desde el pasado 16 de octubre.

El magistrado del Supremo instruye el sumario abierto por el "procés" hacia la declaración de independencia, después de asumir el pasado 24 de noviembre la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los trece consellers del Govern y los líderes de la ANC y Òmnium.

La juez de la Audiencia Carmen Lamela le envió esta parte del sumario abierto a su juzgado. Llarena la asumió y la integró en el que también investiga la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa, por hechos conexos.