Unos 109 catedráticos de derecho penal de universidades de todo el Estado han rechazado a través de un manifiesto las acusaciones de rebelión y sedición contra el Govern de Carles Puigdemont, y contra los líderes de la sociedad civil Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ocho de los consellers, el vicepresidente Oriol Junqueras entre ellos, y los presidentes del ANC y Òmnium están en la prisión de manera preventiva y sin fianza.
Los firmantes del manifiesto consideran que el proceso catalán es "la crisis política más grave" que se ha vivido en España "desde el golpe de estado de 1981". En este sentido afirman que las calificaciones jurídicas que han emanado de la Fiscalía General del Estado –entonces saludada por José Manuel Maza, muerto el sábado 18 de noviembre en Buenos Aires por una infección en el riñón- y del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, del cual es titular la jueza Carmen Lamela, han causado "repulsa" y "preocupación" a los "medios jurídicos españoles".
Los juristas afirman que de la conducta de varios integrantes del Parlament y del Govern se puede desprender "con alta probabilidad" la comisión de "múltiples delitos", pero añaden que la exigencia de responsabilidades se tiene que hacer con "observancia estricta" de las leyes penales y procesales. Es en este sentido que consideran "gravemente equivocado" considerar los hechos que se investigan como un delito de rebelión por la razón "poderosísima" que está "ausente" un "elemento estructural" de este ilícito, la violencia.
Tampoco consideran que haya habido delito de sedición, porque "en ningún momento" se ha aportado "ningún indicio" que los imputados "hayan inducido, provocado o protagonizado" ningún alzamiento tumultuario "tal como exige la ley".
De la misma manera, el manifiesta se afirma "con rotundidad" que la Audiencia Nacional no es competente para ver el caso, que a opinión de los juristas corresponde al Audiencia provincial de Barcelona. Y afirman que la argumentación esgrimida por Lamela para reclamar la competencia "constituye una manipulación pocas veces vista en el ámbito forense".
Los firmantes del manifiesto también denuncian la "falta de medida" de Lamela tanto a la hora de fijar fechas para prestar declaración –"sobre todo si tenemos en cuenta la decisión tomada al respecto por el instructor del Tribunal Supremo", afirman- como en el dictado de las prisiones preventivas que "sin duda han estado gravemente desproporcionadas y faltas de justificación suficiente, más allá de manifestaciones abstractas."