Los juristas del Col·lectiu Praga y de Drets han denunciado en un manifiesto abierto a otros profesionales del ramo, que los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se tienen que considerar presos políticos, porque su encarcelamiento no ha respondido a criterios legales sino a un "uso ideológico del derecho". En su opinion, ha quedado de manifiesto que "se ha roto el principio de la separación de poderes en el Estado español, un uso partidista de la Fiscalía, la vulneración de derechos fundamentales, la violación del derecho al juez predeterminado por la ley, y un abuso del Derecho".

Entre los juristas del Col·lectiu Praga i Drets están Enric Argullol, Maria Dolors Feliu, Joan Queralt, Joan Vintró y Antoni Pigrau, entre otros.

Según los juristas, los hechos que han dado lugar a la imputación "no pueden constituir un delito de sedición, de acuerdo con el Código Penal vigente, sino un libre ejercicio del derecho de manifestación". Además insisten en que la Audiencia Nacional (y su Juzgado Central de Instrucción) no es el tribunal competente ni, por lo tanto, el juez predeterminado por la ley, sino que "debería ser un juzgado de instrucción con sede en Catalunya". Finalmente, afirman que no se han dado los supuestos que la ley de enjuiciamiento criminal y la jurisprudencia constitucional exigen para dictar prisión provisional. "Es patente en este punto la falta de motivación del auto: ni ha demostrado por qué existe riesgo de fuga, ni cómo podrían los imputados haber materializado la destrucción de pruebas, ni cómo juega en este caso el riesgo de la reiteración delictiva, cuando son miles y miles de personas las que voluntariamente se movilizan", apuntan.

 

 

Los juristas hacen una velada alusión a Turquía y al hecho que uno de los elementos que se utilizan para negarle la incorporación en la UE es que no respeta los derechos humanos. "Entendemos que el encarcelamiento de los señores Cuixart y Sànchez los convierte en presos políticos y sitúa al Estado español al mismo nivel otros Estados que infringen derechos fundamentales por motivaciones políticas, y que no respetan el principio de legalidad, lo que les ha impedido entrar a la Unión Europea", indican.

El manifiesto reclama la liberación inmediata de los dirigentes de las dos entidades catalanas.