La sentencia del juicio por el 9-N podría alargarse más del previsto porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quiere buscar la unanimidad en la decisión final. A pesar de no saber qué pasará, y aunque los tres acusados, Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, tengan bastante claro que acabarán siendo inhabilitados, el gobierno de Canadá ha querido advertir al Estado español de los riesgos de no respetar los derechos democráticos.

Después de que la diputada del Bloc Québécois Monique Pauzé afirmara en medio del pleno del Parlamento de Otawa que "estamos a favor de los catalanes que ven sus derechos democráticos repudiados por España" y emplazara a su ejecutivo a "recordar al gobierno español que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación", el secretario parlamentario de Asuntos Exteriores, Matt DeCourcey, respondió favorablemente y aseguró que hará saber a sus homólogos internacionales que su gobierno considera que "los derechos humanos tienen que ser respetados en todos los casos y sin excepción".

Pauzé, visiblemente molesta, pone de manifiesto como el Estado español está tratando Catalunya y al expresident del Govern "sólo por iniciar una consulta sobre la independencia de Catalunya", y aprovecha para recordar que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también será juzgada por el TSJC sólo por haber permitido la votación de las conclusiones del Proceso Constituyente en la cámara catalana.

Por todo ello, la diputada del Bloc Québécois ha emplazado a su gobierno a advertir a España que "es inaceptable este proceso político por haber permitido que los catalanes tengan derecho a la autodeterminación". Y el ejecutivo canadiense tiene claro que así lo hará.

La "farsa" del juicio

Ya la semana pasada, la federación Internacional Liberal hizo público en un comunicado su apoyo al expresident y a las exconselleres y calificó este proceso judicial de "farsa" y "teatro". La federación también emplazó al gobierno español a suspender el juicio y a "respetar los deseos de los ciudadanos de Catalunya, incluidos su autodeterminación e independencia".

De hecho, en el último congreso de la formación ya se lamentó de que el gobierno español no escuchara a los catalanes que votaron el 9-N y que iniciara un proceso contra sus organizadores. En aquella ocasión también pedía una "solución democrática" como la que emprendieron los gobiernos de Londres y Edimburgo cuando acordaron hacer un referéndum el año 2014 en Escocia.