Amparado en un estricto secreto de sumario, el juez de instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, ordena desde el mes de febrero varias operaciones policiales en busca de pruebas que puedan detener el referéndum. Dos denuncias a raíz de las declaraciones que hizo Santi Vidal a principios de año hicieron abrir la caja de los truenos y levantaron todas las alarmas, y el caso acabó en los tribunales, a manos de un juez marcado por procesos polémicos contra castellers, anarquistas e independentistas.
Hoy, Ramírez Sunyer ha roto su silencio y por primera vez ha autorizado un comunicado de prensa. Un párrafo sin muchos detalles pero que da por primera vez la pista sobre cuántas personas se estaría actuando: 20. 20 cargos del Govern de la Generalitat, algunos de los cuales interrogó la Guardia Civil a finales de julio en el cuartel de Travessera de Gràcia.
Los delitos, también los conocemos hoy: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Sin embargo, ¿estaría José Antonio Ramírez Sunyer invadiendo competencias de la magistrada Mercedes Armas que investiga la querella de la fiscalía contra los cargos del Govern de la Generalitat entre los cuales el president, Carles Puigdemont?
No hay un solo caso como caso "Referéndum". Hay diferentes investigaciones en marcha a partir de las querellas que ha ido presentando la Fiscalía y las denuncias contra las declaraciones del exjuez y senador Santi Vidal. Fuentes judiciales aseguran que mientras su investigación no choque con uno de los acusados aforados, no hace falta que se inhiba y puede seguir investigando como está haciendo hasta ahora.
En caso de que hoy, después de los registros en el Departament d'Economia, estirando del hilo, encontraran pruebas contra el vicepresident Oriol Junqueras, por ejemplo, el juez del 13 tendría que traspasar el caso, o al menos una parte de él, a la magistrada del TSJC, Mercedes Armas. Pero, de momento, eso no es así. Y por lo tanto, el juez de instrucción del 13 tiene plenas competencias para investigar y ordenar registros y detenciones.
Lo que no concreta el juez en el escueto comunicado es si las ha ordenado él o no. No especifica si son iniciativa suya o bien si ha dado la orden a partir de la petición de la Guardia Civil.
Tampoco ligan los registros que dice que ha ordenado con los que se están haciendo. Según el juez, ha ordenado "el registro de seis despachos ubicados en diferentes sedes oficiales del Govern de la Generalitat de Catalunya. El registro se limita a los despachos de personas que tienen la condición de investigados dentro de la causa. Además en el día de hoy, el magistrado ha acordado el registro en tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga".
El juez ha ordenado 41 registros en seis despachos ubicados en diferentes sedes oficiales del Govern de la Generalitat de Catalunya. Según el comunicado: "el registro se limita a los despachos de personas que tienen la condición de investigados dentro de la causa. Además, en el día de hoy, el magistrado ha acordado el registro en tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga. También se han acordado registros en despachos profesionales no oficiales y domicilios particulares".
Los registros se están haciendo todavía en los departamentos de Economia, Governació, Benestar Social i Exteriors, el CTTI, Hisenda, Atenció Ciutadana y el Institut Català de Finances (ICF). Además la policía también ha entrado en el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, en el Institut Català de Finances, en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, en la empresa Indra y en la Agència Tributària de Zona Franca.
Lo que no concreta es si también ha ordenado entrar en la sede de la CUP para requisar material electoral, como ha acabado pasando al mediodía.
Los otros casos referéndum
El TSCJ ha informado en medio de los registros en los departaments de la Generalitat que las dos declaraciones de testigos señaladas por la tarde de mañana dentro de la causa que instruye la magistrada Maria Eugènia Alegret contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y miembros de la Mesa, han sido suspendidas por petición de una parte, por imposibilidad de asistencia de un letrado.
Sobre las querellas de Neus Lloveras, presidenta de la Associació de Municipis per la Independència, y Miquel Buch de la Associació Catalana de Municipis, hoy el juez ha dictado como medida cautelar que retiren de sus páginas web toda la información sobre el referéndum.
La policía marca paquete
La Guardia Civil exhibe competencias judiciales y la Policía Nacional, el CNP, está haciendo una exhibición de fuerza. Delante la sede de la CUP, hoy, paradójicamente se han desplegado los antidisturbios de la policía española a pesar de no tener competencias en orden público.
Las furgonetas blindadas y los agentes luciendo las lanzaderas de pelotas de goma (armamento extinguido en Catalunya por parte de los Mossos d'Esquadra) se han mostrado ante uno de los puntos más fáciles de encender: la manifestación de apoyo delante la sede de la CUP.