En menos de 24 horas empezará el trimestre más trascendental de la vida política catalana. No será, seguramente, el de la celebración del referéndum, ya que a medida que han ido pasando las semanas se ha hecho evidente que realizarlo antes del verano es un ejercicio prácticamente imposible porque, más allá de los discursos, faltan muchas cosas por hacerse. Pero sí será el trimestre de las grandes decisiones. Y de los grandes anuncios. Sabemos de la voluntad del Govern de celebrar el referéndum, pero desconocemos la fecha y la pregunta. Sobre todo, el día concreto, porque la pregunta, que debe ser binaria, tiene poco margen para el debate, más todavía si prosigue la oposición del Estado a su celebración.
Será el trimestre en que las fuerzas unionistas intentarán transformar la consulta en unas elecciones autonómicas aprovechando las diferencias en Junts pel Sí, que seguirán existiendo. Hay que decirlo alto y claro ahora que falta tiempo: las elecciones ni son, ni serán una solución. En todo caso, serán la constatación de un fracaso del Govern y de los 72 diputados independentistas. El president Puigdemont lo sabe mejor que ningún otro miembro del Govern, ya que accedió al cargo con este único objetivo. Y fue por ello que recibió en enero la investidura de la cámara catalana y que en septiembre superó la cuestión de confianza. Lo que él mismo definió como situar el país a las puertas de la independencia, si la ciudadanía así lo decide.
A medida que se acerca septiembre, los atajos empiezan a desaparecer de la política real. También deberían desaparecer las batallas estrictamente partidistas como la que hemos vivido estos últimos días. El único camino del mundo soberanista pasa por celebrar un referéndum y, si no fuera posible por la oposición del Estado, transferir la responsabilidad sobre la independencia de Catalunya al Parlament. Así de simple y así de complicado.