El Gobierno recibía con sorpresa la pregunta de Albert Rivera a Mariano Rajoy durante la sesión de control este miércoles sobre la posibilidad de injerencias en las elecciones del 21-D, y también, el hecho de que el PSOE alimentara el jueves la sospecha pidiendo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría una comparecencia en la comisión de secretos oficiales. La cuestión es que según fuentes próximas a Rajoy, nadie les pidió los días previos por el asunto, del cual aseguran que "no hay ningún peligro" y tampoco sería conveniente "generar dudas" al respecto del resultado de unos comicios que gestionará la empresa Indra, explican.

"Usted confíe en la legalidad española, que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen democráticamente y la gente pueda votar con plena libertad", contestó Rajoy a Rivera, indicando que el Gobierno no anticiparía las medidas frente a los hackeos antes de tomarlas. No satisfecho, Rivera insistió después "con que los enemigos de Europa y los enemigos de España, que son los mismos, no descansan" y "los nacionalistas se jactan de tener amistades peligrosas", afirmaba, insistiendo en la necesidad en impedir que se manipule la voluntad de los catalanes el 21-D.

Así las cosas, un íntimo colaborador de Rajoy denunciaba que Rivera "cambió la pregunta" que había registrado para ese día y que ni él, ni Pedro Sánchez preguntaron en la Moncloa sobre este asunto los días previos. "Tampoco podemos decir en público las medidas que tomaremos, cuando incluso hacía más de un mes que existía el tema", explicaba la personalidad recordando que para ello existía la comisión de secretos oficiales. Fuentes del ejecutivo añadían que no se habían negado a ofrecer explicaciones por asuntos de importancia, sin aclarar, sin embargo, si lo harían también esta vez.

Un íntimo colaborador de Rajoy denunciaba que Rivera "cambió la pregunta" y que ni él, ni Sánchez preguntaron en la Moncloa sobre el asunto los días previos

La cuestión es que el grupo socialista hizo suyo ese clamor, aunque la portavoz Margarita Robles reconoció que no estaban especialmente preocupados porque eso alterase el resultado de las elecciones, sino que querían conocer el trasfondo de la polémica y cómo el ejecutivo se estaba protegiendo al respecto. El PSOE quiere que esta circunstancia se aclare en la cámara baja, ya que fuentes de la formación reconocían a Europa Press que este tema no fue motivo de las múltiples conversaciones que Sánchez mantuvo con el presidente español antes aplicar el 155.

Así y todo, la circunstancia llega después de que el viernes pasado, 13 de noviembre, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal reconociera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en su ministerio constaban ciberataques y amplificaciones de informaciones falsas o manipuladas a través de las redes sociales. Cospedal reconoció que muchas de ellas estaban "en territorio ruso" y se replicaban en "territorio" venezolano, como puntualizó la ministra para evitar inculpar al gobierno de Vladímir Putin o el de Nicolás Maduro, a falta de pruebas.

En esta comisión de Gastos Oficiales –que se celebra a puerta cerrada para preservar la confidencialidad– y es también la encargada de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sólo tienen presencia los diputados, uno por cada grupo parlamentario, que fueron elegidos por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto: Rafael Hernando (Partido Popular), Margarita Robles (PSOE), Irene Montero (Unidos Podemos), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT-Mixt).