La Universitat de Girona ha acusado al Gobierno español de suspender "por motivos políticos" la segunda edición del Congreso Bianual de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica que se tenía que celebrar en Girona del 10 al 12 de octubre y que ya se había presentado públicamente. El rector, Sergi Bonet, asegura que el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, le expresó personalmente sus recelos y lo atribuía a la situación política entre Catalunya y el Estado.

Fuentes del ministerio, sin embargo, niegan tajantemente esta acusación y aseguran que desde febrero -cuándo se presentó en un acto en Madrid- nadie de la UdG los ha contactado para sacar adelante la iniciativa. En la web del congreso aparece un aviso que alerta del aplazamiento del acontecimiento y lo atribuye a "la coyuntura política actual" que ha llevado, según los organizadores, a que haya "una falta de implicación y cooperación institucional". El congreso se celebrará finalmente en Argentina.

En enero de 2016, la Universitat de Girona –y de otras administraciones como el Ayuntamiento y la Diputación- firmaban un convenio con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) para celebrar la II edición del Congreso de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. El congreso ya tenía fechas confirmadas (del 10 al 12 de octubre) y faltaba desvelar los ponentes. Girona ya había acogido la primera edición, en 2013, en la que participaron, entre otros, el expresidente del Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y los presidentes del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La inauguración la hizo Felipe de Borbón en condición de príncipe de Girona.

Según ha avanzado Ràdio Girona, la universidad ha criticado que finalmente, este congreso no se celebre en Girona y lo ha atribuido a motivos políticos. Según el rector, Sergi Bonet, fue el mismo ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien le expuso sus recelos cuando coincidieron en un acto público para presentar un libro sobre el congreso de 2013. "Me dijo que veían difícil hacerlo en Girona por el momento político actual, y más si tenía que venir el Rey a inaugurarlo", observa Bonet. Sin embargo, durante el acto público, el rector asegura que Catalá se comprometió con la celebración del acontecimiento a Girona.

El rector ha lamentado la decisión porque asegura que ya advirtió al ministro en funciones que había que separar las cuestiones políticas de los actos académicos. Además, según observan, Girona ya había organizado la primera edición sin que hubiera ningún problema. Es más, en la presentación del convenio de enero, se explicó que aspiraban a convertir Girona "en la Davos del derecho".

La organización lo atribuye a falta de cooperación institucional

La web del congreso anuncia el aplazamiento de la cita y expone el motivos. Según publica la organización –que recae en la COMJIB y en la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG-, el motivo de la suspensión es política. "Un acontecimiento como éste, que quiere unir a actores jurídicos, sociales y políticos de alto nivel de toda Iberoamérica, exige un grado de implicación y cooperación institucional de gran alcance".

Desgraciadamente, la coyuntura política actual de nuestro país no hace viable esta implicación institucional a todos los niveles, lo que compromete seriamente el objetivo de asegurar los retos que nos hemos marcado y repetir con éxito el congreso", narra la web de la organización.

El ministerio lo niega "tajantemente"

Fuentes próximas al ministro Catalá han negado "tajantemente" esta acusación. Según su versión, en febrero la Universitat "comentó la posibilidad" de celebrar el congreso durante el acto público en Madrid. Una iniciativa que, a ojos del ministerio, se consideró "muy interesante". No obstante, alegan que pasado aquel momento nadie más de la Universidad de Girona se ha puesto en contacto con el ministerio para sacar adelante el acontecimiento.

Por lo tanto, niegan que detrás de la cancelación del congreso haya ningún veto político. Además, aseguran que ya están haciendo gestiones con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos para saber qué ha sucedido. Insisten, además, en que desde el ministerio no ha habido "ningún impedimento" a fin de que Girona acogiera el acto.