El Estado avanza lentamente para cortocircuitar todas las vías que puedan hacer posible el referéndum en los diez días que quedan para su celebración el 1 de octubre. El Gobierno ha abierto la puerta sutilmente este viernes al delito de sedición por las manifestaciones que tienen lugar en Barcelona contra los registros de las fuerzas de seguridad. El portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha utilizado en varias ocasiones la palabra "manifestaciones tumultuarias" durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, término incluido en el artículo 544 del Código Penal.

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales" consta en el texto jurídico mencionado. Sobre las penas, el artículo 545 explica que son de ocho a diez años para sus principales autores, y de diez a quince años, si son personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

La cuestión es que De Vigo utilizaba esta palabra, incluida en la carta que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, envió a su homólogo, el conseller Joaquim Forn, donde le exponía que como consecuencia de "manifestaciones tumultuarias" en las calles de Barcelona, se desplazarían a Catalunya diferentes unidades de refuerzo a las fuerzas de seguridad del Estado. "Es un refuerzo y apoyo como policía judicial para mejor coordinación entre la administración autonómica y central", exponía al portavoz.

En consecuencia, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, ha sido preguntado por los periodistas sobre si el ejecutivo tenía en mente pedir ese tipo penal. El portavoz gubernamental se ha vuelto que la decisión no le competía a Mariano Rajoy, sino a la Fiscalía "con su independencia". Y precisamente, domingo pasado, el Fiscal General José Manuel Maza ofreció una entrevista en el diario El Mundo, donde preguntado sobre qué delitos se podían contemplar, más allá del malversación, desobediencia y prevaricación, respondió lo siguiente:

"Hay delitos más graves si se da el salto ya a la violencia. Podría estar hablándose de delitos de sedición. Eso está en boca de todos y es un tipo penal que hasta ahora es discutible, pero por desgracia está en el posible horizonte si, como dice el Código Penal, se produce violencia o una actuación tumultuaria. Si vemos en un momento determinado que se está cometiendo, no tendremos ninguna duda, en este caso, creemos que el tribunal competente sería la Audiencia Nacional", respondía Maza.

Así las cosas, la sombra del presunto delito no solamente se podría atribuir a los ciudadanos que saltaron sobre el coche de la Guardia Civil, sino incluso al propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que podría ser acusado de instigador de las movilizaciones, o a los propios jefes de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium, Jordi Cuixart. Incluso, De Vigo leyó un comunicado el miércoles donde increpaba a Puigdemont que no buscara "con las manifestaciones en la calle la legitimidad que no tiene", le avisaba.

En ese contexto, el portavoz ha afirmado que la publicación de la relación de colegios electorales para el referéndum no era más que un "anuncio" como de otros que cree que el Govern habría hecho, resaltando que este era "falso" porque no habría votación el 1-O. "No hay urnas, no hay papeletas, no hay tarjetas censales, no hay colegios, no hay interventores ni apoderados, no hay voto por correo, ni registro público de las personas que han viajado al extranjero," ha ejemplarizado el ministro. Este ha añadido que un tuit, como el del dirigente catalán publicitando los centros de votación, "arrancaría una sonrisa" como "garantía" ante la comisión de Venecia.

Finalmente, De Vigo ha denunciado que algunos colegios hubieran cerrado presuntamente para llevar a los niños a las manifestaciones. "Como ministro de Educación tengo que pedir respeto. La tarea de los profesores no es el adoctrinamiento. Ante las noticias leídas en los medios, esta mañana me he dirigido al alta inspección para que abra un informe sobre esta cuestión", ha expuesto al responsable de Educación del Ejecutivo.