La Fiscalía General del Estado no tiene la intención de pedir que se active la euroorden ni ninguna orden de detención internacional para Clara Ponsatí. La consellera ha anunciado que reanudaba su actividad en la Universidad de Saint Andrews (Escocia), donde ya había ejercido como catedrática de Economía y Ocupación. Ella misma lo hizo público en un tuit y, según sus palabras, se trasladó ya la semana pasada.

Además este fin de semana se pudo ver a Ponsatí en una manifestación en Londres. Ante los movimientos anteriores de otros consellers o de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, la fiscalía había pedido al juez Pablo Llarena que activara la orden de detención pero este siempre se ha negado.

Ahora es el mismo ministerio público que recurre a los argumentos del magistrado del Tribunal Supremo para no pedir nuevamente la orden. La fiscalía la pedirá cuando esté el auto de procesamiento. Es decir, cuando ya estén definidos todos los delitos y falte el último trámite para ir a juicio.

Este criterio es válido para Carles Puigdemont y para el resto de consellers en el exilio, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

El ministerio público pidió la activación de la orden de detención para Carles Puigdemont cuando fue a Copenhagen a dar una conferencia. Y la volvió a pedir cuando Anna Gabriel hizo público que estaba en Suiza. En los dos casos la respuesta del juez fue siempre la misma: que no se volvería a cursar hasta que no se hubieran definido los delitos. Y es que justamente eso es clave a la hora de cruzar los códigos penales de los diferentes países para ver si realmente hay posibilidades de extradición.

En un comunicado, la Fiscalía también explica que, a pesar de posicionarse en contra de la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, según marca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, tienen derecho a ser juzgados en un plazo de tiempo razonables y a quedar en libertad en cualquier momento de la instrucción del caso. En este sentido, recuerda que el TEDH garantiza la revisión de la medida cautelar y se podría levantar una vez comprobado si persisten los indicios de delito y los motivos que justificaron la prisión. En este caso, la reiteración delictiva.

De momento, cada vez que alguno de los presos políticos ha pedido la revisión o ha presentado un recurso para salir de la prisión, se le ha denegado alegando que persiste el riesgo de la reiteración delictiva.