El secretario de Estado de Hacienda del gobierno español, José Enrique Fernández de Moya Romero, envió una carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en que pedía que se justificara un incremento de 6.150 euros en una partida presupuestaria destinada a la organización, gestión y seguimiento de procesos electorales.

La carta, que ha sido difundida por el diario El Mundo, se envió el martes, tres días antes que el gobierno español haya anunciado que pedirá semanalmente a la Generalitat los certificados de pagos para vigilar que no se gaste dinero para el 1-O, acondicionando así los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En la misiva el Ministeri d'Hisenda relata que en el último certificado mensual de control económico-financiero que la Generalitat ha enviado para poder acceder al dinero del FLA se reconocían obligaciones al programa '132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales' por importe de 19.370 euros y se registraban autorizaciones y disposiciones de gasto por 25.520 euros, 6.150 más.

Por eso reclama a la interventora información adicional que justifique la diferencia. La carta da 48 horas para remitir los documentos requeridos, a excepción de una parte en lo referente a expedientes vinculados al programa 132 que no estuvieran sujeto a la función interventora. En este caso da de margen tres días para enviarlos.

Fuentes del Departamento de Economía han quitado importancia a la cuestión aludiendo al volumen de la diferencia y han destacado al respecto que todo responde a "movimientos normales de presupuestos".

Amenaza con el FLA

Después de eso, este viernes el gobierno español ha anunciado que pedirá semanalmente certificados a los responsables de la gestión e intervención económica de la Generalitat para comprobar que no haya ninguna partida destinada a la organización del referéndum del 1 de octubre. El acuerdo obliga a los interventores de las conselleries, el director general de presupuestos y el director general de política financiera a remitir estos expedientes cada semana.

El Ministeri d'Hisenda será el encargado de comprobar y verificar los certificados. El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha adelantado que en caso de incumplimiento Catalunya se quedaría sin las transferencias del FLA. Este 2017, el Estado prevé destinar a Catalunya a través de este fondo un total de 3.600 MEUR.