El soberanismo es colectivo, pero el Estado aplica el monopolio de la fuerza de forma individualizada. El Gobierno está dispuesto a intimidar con la maquinaria legal a cada uno de los agentes implicados en la celebración del referéndum prometido por la Generalitat en septiembre. A los requerimientos y avisos del Tribunal Constitucional enviados a los políticos catalanes, se ha sumado la advertencia de la Moncloa a los funcionarios, además de a las empresas fabricantes de urnas, después de que se haya conocido que el ejecutivo catalán publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en los próximos días de la normativa del concurso para la adquisición de unas 8.000.

"Si eso se traduce en hechos, la Fiscalía intervendrá. No es posible saltarse la ley, hago un llamamiento a la cordura. No se pueden hacer encuestas para preguntar si hay que obedecer o no la ley, porque sino estaríamos a la deriva, en la jungla. Eso lo hacen porque la Generalitat está en manos de los antisistemas y radicales de la CUP" se ha quejado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De Vigo ha sido repreguntado por los periodistas sobre si ya estaban a punto para actuar, y este ha respondido de que "todo está muy claro" con sus palabras.

La cuestión es que el portavoz ha intentado sobreponerse a uno de los elementos que más controversia ha generado esta semana, después de que el PNV se aviniera a votar favorablemente a los presupuestos de Mariano Rajoy, a cambio de un acuerdo sobre la cuota vasca. "Hemos intentado demostrar que no hay agravio comparativo ninguno, que este Gobierno da garantía de inversión y solidaridad interterritorial. Para el resto de comunidades está el comité de expertos donde se discute la nueva financiación autonómica. Después está la Agenda Canaria", se ha excusado De Vigo ante el resto de autonomías y de su socio de investidura y presupuestos, Ciudadanos –tampoco de acuerdo con el trato.

El hecho es que para algunos medios el acuerdo es considerado como una forma de avivar el independentismo en Catalunya. Así las cosas, el ejecutivo central se ha vuelto a defender de la misma forma como hizo este jueves, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que se había sentado a la mesa de negociación con los que "se habían dejado". Era una alusión explícita al PDeCAT, antigua CiU. Ahora bien, De Vigo no descarta que para aprobar el decreto de la estiba –tumbado por el Congreso hace semanas– pueda buscar sus votos. "Se intentará contar con todo el mundo porque es una directiva europea" ha dicho.

Si bien, el portavoz gubernamental se ha mantenido al margen de otra polémica que ha dado argumentos al soberanismo esta semana, después de conocerse que el rey Juan Carlos I se habría planteado ceder Melilla a Marruecos en el año 1979. De Vigo ha intentado desacreditar esta información afirmando que el ejecutivo central no valoraba unos archivos de Estados Unidos, con una transcripción "no se sabe cómo". "La posición de España ya se sabe cuál es, es clara" ha remachado con tono de cierto desprecio.

Menos en gana le ha venido al representante del gobierno opinar sobre las primarias en el PSOE, en un momento en que la fuerza del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, versus la presidenta andaluza, Susana Díaz, amenaza la legislatura de Rajoy. "Ya sabe usted que siempre tenemos escrupuloso respeto hacia el resto de partidos, precisamente ahora", ha cerrado. Así las cosas, el diputado del Partido Popular, Javier Maroto, sí había sido más explícito por la mañana del viernes, cuando elogió a Díaz como la candidata "que hablaba más claro", pero que cuenta sólo con 5000 avales más que Sánchez, archi-enemigo del presidente y capaz de ponerlo en apuros.