El diario suizo de Zurich Neue Zürcher ha cuestionado hoy que en España exista independencia judicial. "El Consejo de Europa ha tomado nota de la influencia que en España tiene la política en la Justicia. Amnistía Internacional considera que la libertad de expresión está en peligro. Y un rapero ha sido condenado a prisión", señala el diario.

Pero no es sólo eso, sino también la dureza de las penas y la inhibición de los políticos al gobernar. "Los castigos en España son draconianos, de hasta 30 años de prisión por rebelión. Casi no pasa día en que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no cause preocupación a los independentistas catalanes y no tome nuevas medidas contra sus representantes. Lo hace a su manera, lo que tendrían que hacer en principio los políticos", indica.

El diario detalla que el problema judicial español ha empezado a captar el interés internacional, a raíz del caso catalán. "El Consejo de Europa ha entrado en la cuestión ante el hecho de que el poder judicial en España está influenciado políticamente. El fiscal general depende del Gobierno, lo que pone en peligro su imparcialidad y objetividad. La selección de los 12 miembros del máximo órgano judicial, el Consejo General del Poder Judicial, también se tendría que despolitizar de forma urgente. Este órgano, cuyos miembros son propuestos por los partidos mayoritarios mediante un pacto con cuotas, decide sobre el nombramiento de los jueces importantes, en particular en el Tribunal Supremo, dónde pertenece Llarena", manifiesta.

Neue Zürcher recuerda que el diario El País informó en el mes de enero sobre los contactos entre el Gobierno español y el Tribunal Constitucional, supuestamente para impedir la investidura de Puigdemont como nuevo president catalán. Detalla la oposición de Jueces por la Democracia a estas actitudes. "En un comunicado en febrero, la asociación de jueces condenó la injerencia. Sin enrojecer, el ministro de Justicia, Rafael Català, anunció de antemano qué decisiones adoptarían los jueces contra los independentistas", añade.

El diario también cita el caso del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió a finales de marzo al Gobierno español que garantizara los derechos de los presos políticos catalanes que son diputados. Y se extiende especialmente en el caso de Llarena, de quien afirma que se le acusa de usar "métodos inquisitoriales" en sus interrogatorios. Cita el caso de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusada de desobediencia, a quien el juez advirtió que si quería la acusaba de rebelión.