Los cuerpos policiales españoles actuaron el 1-O "siguiendo un patrón" único y determinado previamente con el objetivo de "dar miedo". Esta es la conclusión a la que han llegado varias entidades defensoras de derechos humanos integradas en la plataforma Defensores. Consideran que la actuación policial fue desproporcionada, e incluso delictiva, y que ha provocado daños físicos y psicológicos a centenares de policías. El operativo incluyó "tratos inhumanos y degradantes". De los casos recogidos, seis los llevarán directamente a los juzgados. Han pedido una investigación internacional independiente y no han descartado llegar a la justicia europea.

La plataforma Defensores, que incluye la Federación Catalana de ONG, el Grupo de Periodistas Ramon Barnils, el centro Irídia y la ONG Novact, ha presentado el informe elaborado a partir del cerca de un centenar de observadores que pudieron desplegar aquel domingo y de la información que les ha llegado después. Entre finales de septiembre y el 7 de octubre, 70 observadores, 20 coordinadores y 30 psicólogos han recogido información sobre 302 personas atendidas en centros médicos, 110 personas atendidas por ellos en Barcelona y 154 personas que han contactado con ellos para aportarles información sobre actuaciones policiales irregulares. En total tienen información de 50 de los 90 colegios electorales donde actuaron la Guardia Civil o la policía española, 16 de los cuales en la ciudad de Barcelona.

Durante la rueda de prensa han mostrado imágenes grabadas por un observador acreditado sobre la actuación en la escuela Dolors Monserdà de Vallvidrera, en Barcelona. Hacia las 12 del mediodía una treintena de furgonetas y vehículos la policía española llegaron al centro sacando por la fuerza a los concentrados sentados con resistencia pasiva delante de la puerta. En las imágenes se pueden ver golpes en zonas vitales o presión de la mandíbula de abajo arriba, así como arrastres por el suelo. La plataforma ha recogido varios testimonios, así como información y descripción de las lesiones de dos víctimas identificadas. Los testimonios explican que se produjeron golpes violentos en la cara, estirones de pelo, puñetazos y golpes de porra.

En otros colegios se detectaron por parte de la policía patadas en órganos sexuales; el uso de elementos punzantes no visibles, que podrían ser 'kubotans'; uso de botas de punta rígida; golpes deliberados en la cara, los ojos, la nariz, la boca o los riñones; estirones de orejas y pelo; presión de la mandíbula, y agresiones sexuales físicas o verbales a mujeres, con expresiones humillantes, de desprecio o vejatorias de cariz sexual. Defensores tiene constancia de al menos dos agresiones sexuales. También denuncian que las cargas se hicieron sin aviso previo y sin mostrar ninguna orden judicial o identificación. Se usaron porras extensibles, gases lacrimógenos y pelotas de goma tiradas a corta distancia y hacia partes vitales del cuerpo.

Instancias internacionales

El informe se elevará a instancias catalanas, españolas e internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OSCE, el Defensor del Pueblo español y el Síndic de Greuges, además de los juzgados y tribunales pertinentes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. De hecho, las denuncias pueden ser por delitos penales contra agentes concretos y por vulneración de derechos humanos contra el Estado español. Además, se pedirá que se haga una investigación internacional neutral.

Aparte de las actuaciones policiales el 1-O, en el informe también se denuncian irregularidades judiciales, ataques al derecho de defensa y a la privacidad por la interceptación de comunicaciones y correspondencia, registros domiciliarios sin garantías, y vulneración de derechos y libertades como la de expresión, reunión, información y prensa. De hecho, el Grupo de Periodistas Ramon Barnils está recopilando datos de vulneración de la libertad de prensa, por la entrada policial en medios o incluso agresiones a periodistas.

Según Jordi Palou-Loverdos, abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional, la actuación del Estado se enmarca en lo que se denomina lawfare o utilización extralegal, indebida, extralimitada o abusiva de recursos jurídicos para finalidades de persecución política. Estas acusaciones van contra los cuerpos policiales españoles, pero también contra la Fiscalía, a quienes han acusado de falta de seguridad jurídica, inobservancia de los principios de intervención mínima del derecho penal.

Las órdenes a la policía española

Palou-Loverdos ha lamentado que, mientras que ya se conocen las órdenes orales y escritas que dieron a los Mossos d'Esquadra, se desconocen qué órdenes tenían los guardias civiles y policías españoles antidisturbios. Así, tanto él como la abogada de Irídia Anaïs Franquesa han considerado que el objetivo de la policía no eran las urnas o los colegios, sino crear "pánico", ya que hubo muy pocas detenciones, muchos contusionados y en algunos lugares no se llevaron todas las urnas que había.

Además, la actuación policial fue mucho más contundente por la mañana que por la tarde y en algunos centros se agredieron los concentrados no sólo para entrar sino también al salir. "Si el objetivo hubieran sido las urnas o los colegios, el dispositivo se hubiera diseñado y hecho de manera muy diferente", ha dicho Franquesa. Por eso, exigen dimisiones, disculpas e investigaciones judiciales.

La psicóloga del centro Irídia, Irene Santiago, ha explicado que la intervención policial quería usar el miedo como forma de represión. "Se pretendía hacer un daño psicosocial", para generar desconfianza, dolor, angustia, estrés. Esto ha provocado en algunos afectados pérdida de memoria, miedo a salir a la calle o acercarse a colegios electorales y pánico a la policía.