La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha recibido la carta que le hizo llegar el sábado pasado el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, para informarle de "vulneraciones de derechos y libertades fundamentales en Catalunya y en el Estado". Sin embargo, desde el ombudsman europeo aseguran a la ACN que no habrá ninguna investigación o acción al respecto. "No se trata de una queja sobre una institución europea y, por lo tanto, no resultará en una investigación o cualquier otra acción por nuestra parte", dice.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, instancia a quien también se dirigió Ribó, afirma que la institución "no tiene la obligación de investigar reclamaciones individuales", ni tiene el "mandato" de abrir un procedimiento en caso de presuntas infracciones de los derechos fundamentales.

Según recoge la página web del Defensor del Pueblo Europeo, empresas, ONG, asociaciones, universidades, municipios, grupos de interés u otros organismos pueden presentar reclamaciones "relativas a casos de mala administración por parte de las instituciones, órganos y organismos de la UE". En este sentido, también especifican que su mandato "no está facultado" para investigar reclamaciones contra autoridades "nacionales, regionales o locales" de los Estados miembros de la Unión Europea, ni tampoco de los tribunales o los defensores del pueblo de estos.

Por su parte, la Agencia de los Derechos Fundamentales también confirma que ha recibido la carta, aunque avisa de que no puede informar de "correspondencia individual". Con todo, fuentes de la Agencia comentan a la ACN que el mandato se encuentra especificado en su reglamento fundacional, que dice que la Agencia "tendría que adoptar medidas para sensibilizar al público en general sobre sus derechos fundamentales y sobre las posibilidades y los diferentes mecanismos para aplicarlos en general, sin, no obstante, tratarse de reclamaciones individuales". En este sentido, consideran la misiva del síndico Rafael Ribó como queja individual y recuerdan que la Agencia no tiene el mandato para "abrir un proceso".

De hecho, según especifica su misión, la Agencia proporciona a las instituciones de la UE y a los Estados miembros "un asesoramiento independiente y basado en la evidencia sobre los derechos fundamentales". El objetivo, recoge la página oficial, "es contribuir a garantizar el pleno respecto de los derechos fundamentales a toda la UE".

Además del director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Defensora del Pueblo Europeo, el Síndic de Greuges también envió la misiva al comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, a todos los ombudsman europeos, al Defensor del Pueblo de España y a los defensores autonómicos. Mediante la carta, el síndico explica que da "un grito de alerta" a sus homólogos y hace una "apelación" para que todas las instituciones implicadas "aborden de manera inmediata el necesario diálogo político".