La ley, el imperio de la ley. Hasta cuatro preguntas ha necesitado el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para ir más allá a la hora de expresar la opinión de Moncloa sobre la absolución de la infanta Cristina y la condena de su marido, Iñaki Urdangarín, a seis años y tres meses de prisión por el Caso Noós. Un hecho que se ha conocido este viernes, y amenaza con poner en jaque la imagen de la monarquía española a ojos de los ciudadanos, pero que el ejecutivo de Mariano Rajoy se niega a valorar fuera del guion esperado.

"Reitero lo que he dicho. Creo que demuestra que España es un Estado de Derecho, donde nadie está por encima de la ley y las sentencias se tienen que acatar" ha insistido De Vigo tras el Consejo de Ministros. El portavoz se ha cerrado en banda, preguntado si la causa podía asentar precedente, debido a las partes implicadas, y porque Cristina alegó que desconocía las acciones que llevaba a cabo Urdangarín. "Mire, las sentencias no son ejemplarizantes, sólo tienen que ser justas y objetivas. Aquello que se enjuicia es si una conducta entra, o no, dentro de un tipo penal" ha cerrado.

El ejecutivo central trata de aislar a la Casa Real y al rey Felipe VI del suceso, alabando que habían emitido comunicados donde "acataban y respetaban" las decisiones de la Justicia. "Es un deber que todos tenemos a la hora de vivir en nuestro país" ha zanjado el ministro. También alimenta la cortina de humo el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, cuando asegura que las penas son "suficientemente severas como para que nadie esté preocupado", aunque Mano Limpias insiste en que Cristina fue parte activa, y para Iñaki se pedían 9-11 años de prisión.

Que el tema del día haya sido el Caso Noós ha permitido a De Vigo hacer pedagogía. En esta ocasión, sobre las sentencias relativas al referéndum que el Tribunal Constitucional ha emitido esta semana, recordando a los miembros de la Mesa del Parlament, y a su presidenta, Carme Forcadell, que no permitieran el avance de la hoja de ruta. También ha servido para señalar la "normalidad" en el juicio del 9-N, o la imagen del expresident de la Generalitat, Artur Mas, sentado en el banquillo de los acusados, porque los representantes públicos "tienen que dar ejemplo".

Mientras la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se reúne con "entidades públicas y privadas" en Catalunya, Moncloa insiste en que el Govern catalán se abra a una negociación que vaya más allá de la hoja de ruta, como es la financiación."Es mejor venir a Madrid para hablar estos temas que a Bruselas, ya sabemos qué piensan allí", ha dicho de Vigo. Hacía referencia a los problemas "que de verdad preocupan a la gente" y que se cerraron durante la conferencia de presidentes, como la dependencia, o la Unión Europea, dos ámbitos de los cuales la Generalitat sí piensa participar.

El ministro asegura que la UE rechaza el referéndum y se ha remitido a los expresidentes de la Comisión, Romano Prodi en 2005, Durao Barroso o Jean-Claude Juncker, que habrían dicho, según él, lo mismo que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, hace una semana. "Lo dijo con toda claridad, que quién actúa por encima de la Constitución de un estado miembro, actúa contra el marco legal europeo" ha asegurado. El ejecutivo español intenta desacreditar el derecho a decidir, hasta el punto de que fuentes de Moncloa dicen creer las encuestas donde se afirma que "divide" a la sociedad catalana.

La única pieza que baila en el argumento legal de Rajoy es la nota de la Fiscalía de Murcia, asegurando que no creía que se tuviera que investigar a su presidente, Pedro Antonio Sánchez, pese a la opinión de las fiscales de la Púnica, que dijeron que sí que había indicios. El día anterior, Sánchez fue visto hablando con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante el congreso 18º del PP. "Yo también hablé con él, espero que no me acuse de nada" ha respondido a una periodista, como si Educación, el ministerio de donde es titular, y Justicia, fueran lo mismo.