"¿Piensan utilizar la crisis catalana como excusa para promover un modelo territorial más centralista?", preguntaba el líder de En Comú Xavier Domènech en la sesión de control del miércoles en el Congreso. "El Gobierno está cómodo con el sistema actual y se reafirma en el compromiso del Estado de las autonomías", se revolvía el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Pero en la otra punta de Madrid, un miembro del PP instaba a "clarificar" competencias en la Constitución, en el marco de la reforma concedida al PSOE a cambio del 155, una idea que Ciudadanos defiende y los socialistas avalan en el esquema federal.

En medio de la judicialización del proceso independentista, el Estado insinúa un resurgimiento de la pulsión recentralizadora. "No sé si estamos en un momento de ampliar competencias o de fortalecer instrumentos de colaboración para que el gobierno central vuelva a asumir políticas esenciales" exponía el ministro de Justicia Rafael Catalá, preguntado por la transferencia de presos vascos. Catalá redoblaba las palabras y añadía: "Políticas que tuvieron sentido en la consolidación del Estado autonómico han puesto de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante", cerraba.

El hecho es que los tres grandes partidos que integran la comisión de evaluación y modernización de la carta magna –PP, PSOE y Cs– coinciden en la idea de blindar competencias para evitar conflictos entre Estado y autonomías. Ahora bien, ni populares ni formación naranja vaticinan a priori que eso implique un sesgo a favor del gobierno central, mientras los socialistas sí ponen el foco en solidificar derechos autonómicos, dentro de su esquema plurinacional y federal. Pero determinados hechos ocurridos en la política española empiezan a insinuar la senda de la recentralización.

Ciudadanos empieza a consolidarse como un actor capaz de empujar parte de la opinión pública en la línea de un modelo de Estado liberal- uniformizador en España

"Yo mismo lo he planteado en la comisión de Educación, si teníamos que plantearnos las transferencias de competencias, analizar cómo han funcionado" decía el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo sobre un ámbito que pertenece a las comunidades. Eso se producía en paralelo a los presuntos casos de adoctrinamiento en la escuela catalana y en medio de la petición de Albert Rivera para la creación de una agencia de Inspección educativa estatal, a que el PP se oponía, pues era una función ejercida por la administración, pero que se tendría que reforzar, según De Vigo.

La cuestión es que Cs se consolida como un actor que empuja a parte de la opinión pública en la línea de un modelo de Estado uniformizador, target que le reportaría réditos electorales, según el último CIS. Sublimaba esta semana durante el debate sobre la cuota vasca, donde Montoro acusaba a Rivera de confrontar territorios, en paralelo a que una serie de barones del PSOE se alzaran para reivindicar su agravio comparativo, ante el fracaso del nuevo modelo de financiación autonómica –al que Mariano Rajoy se comprometió antes de que acabe el año y ya se perfila para principios de 2018.

Sin embargo, la pulsión hace días está presente en el PP, como ilustró la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El portavoz Pablo Casado afirmó que era una un "aviso a navegantes" de otras regiones de España –como Euskadi o Navarra– así como un "punto de inflexión para el estado autonómico". Una pulsión análoga se observó con la intervención de las cuentas catalanas, antes del 155, o las finanzas del ayuntamiento de Madrid por la regla de gasto; incluso en Interior, con la movilización de efectivos policiales a Catalunya, sembrando la sospecha de extender la medida.

Interior, Educación y Hacienda: los tres ámbitos bajo la sombra de la "clarificación" competencial entre Estado y autonomías dentro de una posible reforma constitucional

Así las cosas, el PSOE se erige como el actor capaz de parar una devolución a que  Pedro Sánchez se opone, según dijo, en alusión en PP y Cs como partidarios de "la centralización, la regresión autonómica y la uniformización", y una vez abrazada la plurinacionalidad cultural - lingüística. El hecho es que el ejecutivo exige una mayoría amplia para modificar la carta magna. Un interrogante que tendrá que esperar a los comicios del 21-D, ya que la comisión que evalúa el estado autonómico –previa a la posible reforma– ha acordado retrasar hasta entonces sus trabajos.