El Consejo de Ministros en funciones ha aprobado este viernes la presentación de un incidente de ejecución de sentencia contra el Parlament de Catalunya por la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent, abriendo la vía penal contra la presidenta del legislativo, Carme Forcadell. El mismo TC hizo en un escrito la semana pasada, donde advertía que la cámara catalana no puede impulsar ninguna medida encaminada a la soberanía.

Tres son las líneas de actuaciones del Ejecutivo español:

1. Iniciar la acción penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido la votación.

2. Pedir al TC que anule la resolución y la suspenda de inmediato a todos sus efectos.

3. Advertir a la presidenta del Parlament, los Miembros de la Mesa de la cámara, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros cargos, que se abstengan de sacar adelante cualquier resolución derivada del acuerdo impugnado.

En el primero de los puntos, el Estado pide al TC que estudie si Forcadell incurrió en responsabilidades penales por incumplir sus resoluciones. "Podría haber incurrido ya en un delito", ha dicho Santamaría sobre el hecho de permitirse la votación y aprobación de la resolución que autoriza a debatir sobre la "desconexión" de Catalunya. En caso de que sea así, quedará en manos de la fiscalía la cuestión de procesar a la presidenta con las consecuencias que ello pueda generar.

En segundo lugar, la vicepresidenta española ha explicado que se había pedido la nulidad y la suspensión inmediata de la resolución 263/11 del 27 de julio, porque contraviene el aviso del TC del 19 de julio, donde se indicaba que esta no era una acción contemplada en la Constitución española. Es decir, la votación y aprobación de las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente.

Finalmente, con el fin de que esta acción se lleve a cabo, el gobierno español hace un requerimiento personal también para que las autoridades Forcadell y otros miembros de la Mesa, además del presidente Carles Puigdemont, se abstengan y paralicen cualquier actuación que suponga un incumplimiento de la legalidad vigente. En caso de que las autoridades catalanas no acaten el TC, las sanciones variarían entre una multa de 3.000 a 33.000 euros y la suspensión de sus funciones.

Según ha expuesto la vicepresidenta interina, el Estado ha actuando buscando "la unidad de los demócratas", por lo que Mariano Rajoy se ha puesto en contacto con los principales grupos de la oposición: PSOE, Podemos y Ciudadanos. En segundo lugar, Santamaría se ha reafirmado en la voluntad de "defender el Estado de derecho". "La primera obligación de un gobierno es que se respete su ordenamiento" ha remachado.

El Abogado del Estado hacía días que trabajaba en la redacción del escrito para que se activen ya las potestades que les otorgó la última reforma de la ley del TC para multar o suspender los cargos públicos que incumplan sus sentencias. El Tribunal Constitucional no tiene calendario de plenos hasta el mes de septiembre, pero se reunirá el lunes a las 12:30 para estudiar el nuevo documento del Gobierno español que le reclamará una respuesta a la actuación del Govern de la Generalitat. 

Rajoy llama a la oposición

Enmedio de este suceso, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha telefoneado este viernes a los líderes de los principales partidos políticos españoles -Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos)- para explicarles personalmente los últimos pasos que ha adoptado el Gobierno para intentar frenar el desafío soberanista del Govern catalán, según han informado fuentes de estas formaciones.

Rivera ha aprovechado su conversación con Rajoy para reiterar al presidente "el apoyo de Ciudadanos al Tribunal Constitucional y al Ejecutivo en funciones para cumplir las leyes democráticas y la Constitución en el Parlament de Catalunya", según han informado fuentes del partido naranja. Ni el PSOE ni Podemos han ofrecido detalles, por el momento, de los términos en los que se ha desarrollado esta conversación de Rajoy con Sánchez e Iglesias, respectivamente.