La Comisión de Venecia, órgano que depende del Consejo de Europa, no ve clara la reforma del Tribunal Constitucional que prosperó gracias a la mayoría absoluta del PP y que contempla medidas coercitivas en caso de que se desobedezcan las sentencias del alto tribunal. Si el avance de la resolución que emitió este sábado ya avisaba de que el TC no tendría que inhabilitar cargos públicos, el documento completo de la resolución le hace otras duras advertencias. En una de las argumentaciones, la Comisión de Venecia recuerda a Rajoy que los diputados están protegidos por la Ley de Inviolabilidad.

En una respuesta a las alegaciones que el ejecutivo de Mariano Rajoy hizo llegar al Consejo de Europa para defender la reforma del Alto Tribunal, la Comisión considera que "la suspensión de los miembros del Parlamento que tienen un mandato democrático de la soberanía podría ser problemática porque están protegidos por las prerrogativas de la Constitución (en particular, la inviolabilidad, artículo 71)".

La inviolabilidad es una prerrogativa histórica de los parlamentarios que tiene como objetivo asegurar la independencia del Parlamento ante el resto de poderes del Estado. El artículo 71 de la Constitución española prevé que los diputados y senadores disfruten de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión de Venecia reconoce que el gobierno español no ha citado la suspensión de miembros del Parlamento en el texto que les enviaron, pero muestran su preocupación por si se diera este caso y aseguran que "la redacción de las enmiendas sigue siendo imprecisa".

Llegando al absurdo

La Comisión carga duramente contra la reforma, básicamente por los cambios introducidos y que permitirían que el TC multara y suspendiera a políticos por desobedecer las sentencias del tribunal. En este sentido, este órgano consultivo del Consejo de Europa alerta que dar la potestad al TC de suspender cargos públicos puede llegar a "la absurdidad".

El informe cuestiona la reforma por imprecisa y se pregunta qué pasaría si una vez suspendido el cargo electo, su sustituto se negara también a cumplir la sentencia del Alto Tribunal, una situación que se podría ir repitiendo hasta que se cumpliera la sentencia. Por eso, aseguran que una suspensión repetitiva podría llegar a una "situación absurda".

La Comisión de Venecia cree que si el cargo electo no ejecuta la decisión del Tribunal Constitucional y sigue en la oficina, "eso perjudica seriamente a la
autoridad de la Corte Constitucional".

Contra el procés

Las argumentaciones de la Comisión de Venecia, además, relacionan la reforma con el proceso independentista. El texto explica que con "casi todos los interlocutores" que se reunieron en su visita a España el año pasado, para evaluar la reforma, se refirieron al movimiento soberanista como "razón política" para llevarla a cabo.

Además, también señalan que sólo en Moldavia el Tribunal Constitucional tiene el poder de imponer multas administrativas, y recuerdan que no hay una legislación europea que regule quién es el responsable de hacer ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso dejaría un vacío legal que no permite a la Comisión decir si se cumplen o no los estándares europeos. Sin embargo, como no hay contradicción con las normas europeas porque no regulan este ámbito, la Comisión concluye que la reforma necesita mejoras.