La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado investigar las llamadas de los cuatro investigados por sedición entre los días 15 de septiembre y 2 de octubre. Así pues, esta medida afectará a las comunicaciones del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, del de Òmnium, Jordi Cuixart, del major de los Mossos Josep Lluís Trapero, y de la intendente del cuerpo, Teresa Laplana.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordena en un auto a los agentes que inicien estas indagaciones y solicita a las compañías telefónicas el listado de llamadas y mensajes de texto emitidos y recibidos entre las fechas citadas. La jueza quiere conocer a las personas entre las que se efectuaron las comunicaciones, el tiempo de estas y los hechos de interés relacionados con la investigación.

Según lo que ha investigado hasta ahora la Guardia Civil en esta causa, el día del registro en la Conselleria d'Economia de la Generalitat el pasado 20 de septiembre, el líder de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, hizo una llamada a Trapero para ponerle en contacto con un miembro de la Guardia Civil.

Investigación de las cuentas

La magistrada también ha solicitado a la Asociación Bancaria Española y la Confederación Española de Cajas de Ahorro que le transmitan información sobre las cuentas y productos financieros de la ANC y Òmnium para su investigación en la causa.

Solicita todos los datos relativos a las cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques, transferencias relacionadas con estas entidades, así como la identificación de los titulares y autorizados en estas operaciones bancarias. Con respecto a las transferencias, Lamela pide también que se identifique la cuenta de origen y destino y el titular de las mismas, en virtud a la normativa sobre el blanqueo de capitales.

Con esta información, el instituto armado pretende conocer "los movimientos existentes desde la fecha de apertura hasta la fecha de recepción del mandamiento", sin perjuicio que se puedan tomar futuras medidas contra las asociaciones.

Suspensión de las entidades

Fuentes fiscales han descartado que el ministerio público pida próximamente la imputación de la ANC y Òmnium Cultural ya que las personas jurídicas no pueden ser investigadas por un delito de sedición.

No obstante, también reconocen que se está investigando a las asociaciones para ver si han sido utilizadas con fines ilegítimos y delictivos que pudieran derivar en una suspensión de actividades, de la misma manera que se hizo en su momento con organismos del entramado etarra después de probarse su integración en la organización terrorista como fue el caso de Batasuna, entre otros.