La acusación popular en la causa del 9-N, que agrupa a los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias, pide seis años de prisión y 22 más de inhabilitación para el expresident catalán Artur Mas, a quien acusan de un delito de malversación, además de prevaricación y desobediencia.

Los sindicatos policiales ostentan la dirección letrada de la acusación popular desde que el juez apartó a Manos Limpias. En el escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acusa a Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización de la consulta.

La acusación popular se desmarca así de la Fiscalía, que pide sólo penas de inhabilitación para Mas y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, al imputarles los delitos de desobediencia y prevaricación en los cuales el juez instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ciñó el caso del 9-N.

Con su escrito, la acción popular pretende ampliar los delitos imputables a los tres encausados, de manera que el juez del TSJC añada el de malversación cuando, después de recibir los escritos de acusación y defensa, dicte el acto de apertura de juicio oral que tiene que delimitar los hechos a enjuiciar, han dicho fuentes jurídicas.

Según el escrito de acusación de los sindicatos policiales y Manos Limpias, "se entiende probado que la consulta del 9-N se hizo gracias a la utilización de una gran cantidad de fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática logística para que la misma se realizara". Los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias aseguran que "los acusados permitieron todas las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella" y que no "suspendieron los contratos aprobados con diferentes entidades para la celebración de la consulta". Y ponen como ejemplo la distribución del material hecho para la consulta, como la instalación de los ordenadores o la contratación de diferentes técnicos informáticos que durante la consulta estuvieron "pendientes de la solución de incidencias informáticas en la página web y en los programas informáticos de recogida de datos de la votación".

"Esta cantidad de dinero público no se destinó al desarrollo de una función pública", alega la acusación popular, "ni aplicada a una finalidad lícita", añade, "sino que se destinó, indebidamente, a la celebración de un acto ilegal, que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional", concluye.

Las penas

La acusación popular pide para Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau 6 años de prisión y 10 de inhabilitación por el delito de malversación de fondos públicos.

10 años más por el delito de prevaricación. Y una multa de 72.000 euros por cabeza por el delito de desobediencia grave.

Los sindicatos policiales, que no pueden pedir acciones contra la Generalitat, piden al Tribunal que reserve posibles acciones legales por la reclamación del dinero público que se gastaron "en una consulta prohibida" y pide que se envíe el sumario al Tribunal de Cuentas por si hubiera un delito contable". También pide que se envíe el caso a la Agencia de Protección de Datos para que abra un expediente de investigación sobre los datos personales que se utilizaron para hacer la consulta, aunque, recordemos, que no se utilizó el censo en ningún momento y que los participantes se inscribieron en ese momento voluntariamente y con su DNI.

4.710.910 euros

Según la acusación popular la consulta del 9-N costó 4.710.910 euros. Clasifican el gasto en 9 apartados:

  • Convenio CIRE (Urnas de cartón): 50.317'31 euros
  • Soluciones TICS con CTTI y subcontratistas (programas informáticos): 698.685'50 euros
  • Diseño campaña informativa: 21.767'90 euros
  • Registro del dominio www.participa2014.cat: 74'05 euros
  • Suplemento seguro de voluntarios AXA: 1.409'26 euros
  • Campaña mediática anterior y coetánea al 9N: 806.403'52 euros
  • Producción campaña informativa: 21.767'90 euros Servicio de mensajería: 16.175'90 euros
  • Redacción, diseño y distribución carta participación: 307.963'71 euros

Además, la acusación también cuenta como gasto los 7.000 ordenadores que se compraron con dinero público y que se utilizaron durante la consulta. El coste asciende a 2.786.347'65 euros.