Varios alcaldes han respondido a la Fiscalía Superior de Catalunya la instrucción que obliga a las policías locales a hacer funciones de policía judicial en relación a actos relacionados con el referéndum del 1-O. En la mayoría de casos, el escrito de los alcaldes es una propuesta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) en que reclaman dejar sin efecto esta instrucción.

Consideran que la orden es "irregular" ya que se atribuyen a las policías locales "funciones de policía judicial que no les corresponden". Los primeros alcaldes que se han dirigido a Fiscalía son, entre otros los de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa; Vic, Anna Erra; Vilassar de Dalt, Xavier Godàs; Tortosa, Ferran Bel, o Figueres, Marta Felip.

El recurso hace mención del acuerdo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en que se explicita que sólo aquellas policías locales de grandes ciudades que tengan firmados convenios con el Ministerio del Interior podrán actuar como policía judicial en casos de faltas y delitos de poca gravedad.

En este sentido, la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, ha remarcado que la primera obligación de la Policía Local es "garantizar el orden público" y reprocha a la Fiscalía que ordene actuaciones contra el 1-O: "Tenemos muchas tareas a hacer en nuestras villas y ciudades como para tener destinada la policía local en este momento a retirar pancartas y a retirar la voz a la ciudadanía".

Mataró defiende que actúe la Policía Local

En Mataró, por el contrario, después de varias intervenciones de la Policía Local en actos de ERC y la CUP en la capital del Maresme, el Ayuntamiento reitera que los agentes "actúan a instancias de los Mossos d'Esquadra y por indicaciones de la Fiscalía" desde el pasado 14 de septiembre, cuando los Mossos d'Esquadra entregaron la instrucción a los responsables de la Policía Local.