El TSJC acaba de admitir a trámite la querella que presentó la Fiscalía por la compra de las urnas.

En su texto el ministerio público pide la investigación de la consellera de Governació, Meritxell Borràs y Francesc Esteve Balagué, secretario general de la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.

El auto de admisión a trámite dice que del relato de los hechos que constan en la querella "se desprende la existencia de indicios suficientes de la concurrencia, en principio, de los elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos".

Y remarca que "se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella y del escrito de ampliación".

La magistrada Mercedes Armas, ponente de la resolución, se hace suyos los hechos relatados por el ministerio público y dice que son de fácil comprobación: "Del relato de hechos contenido en la querella, todos ellos de fácil constatación, al tratarse de actos y hechos que han tenido la oportuna publicidad en los respectivos diarios oficiales, además de haber sido recogidos por los medios de comunicación, se desprende la existencia de indicios suficientes de la concurrencia, en principio, de los elementos objetivos que informarían a cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos".

Armas cree que hay indicios para creer que la compra de las urnas es por la celebración del referéndum, tal como relata este punto de la querella que presentó la Fiscalía el 16 de mayo, hace más de un mes: "En su voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación, con el fin de mantener el propósito contenido en la Resolución 1 / XI, de crear un Estado catalán independiente, los querellados, Honorable señora Borràs, como Consellera de Governació i Administracions Públiques, y señor Esteve, como secretario general de este Departament, adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los cuales poder celebrar el devengado referéndum".

La amenaza de la prisión de nuevo

La querella que presentó la Fiscalía detalla cada una de las resoluciones aprobadas por el Parlament y cada una de las providencias y resoluciones del TC o los organismos judiciales competentes. En su admisión a trámite el TSJC valora cada uno de estos pasos y los toma como justificantes para imputar los delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos. Este último es el precisamente el que comporta penas de prisión y que en el proceso del 9-N, finalmente, la Fiscalía decidió no imputar a Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau.

Ahora la amenaza de la prisión vuelve y lo hace sobre la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que es quien por competencias tendría que haber seguir firmando y dando trámite a todo el dispositivo electoral del referéndum, pero que ahora ya queda invalidada ante la investigación que ha puesto en marcha de nuevo el TSJC para detener el referéndum del 1-O.

Borràs y Francesc Esteve Balagué, secretario general de la Conselleria de Governació, tendrán que ir a declarar como investigados, pero todavía no hay fecha.