Semana intensa, importante, dura e inquietante. Muy inquietante. Casi todas las piezas se han movido sobre el tablero, algunas se incorporan y otras han sido expulsadas de la partida. Veámoslo:

a) El dedo de Soraya. Pasada la página de la fallida Operación Diálogo, Soraya Sáenz de Santamaría cabalga de nuevo. El martes la pillaba el fotógrafo de El Nacional, aleccionando a directores y algún exdirector de los principales diarios de Barcelona durante la jornada del PP sobre las infraestructuras que presidió Mariano Rajoy. La capitana Soraya, pura expresividad toda ella, dando órdenes con el índice alzado a periodistas importantes, muy importantes, de este país. No fuese que algún editorial del día siguiente cuestionara la falsa lluvia de millones, es decir, los más de 6.000 millones de euros que el Estado ha dejado de invertir en Catalunya, con la que Rajoy pretende comprar el silencio de la tercera vía de verdad, la que paga las misas, ante el atropello continuado de los derechos democráticos de los catalanes y las catalanas. También el derecho a recibir una información elaborada desde la mínima distancia crítica con el resto de poderes.

b) Soraya no hace prisioneros. Hacía bastantes consejos de ministros que la 'vice' no anunciaba recursos ante el Tribunal Constitucional contra decisiones adoptadas por el Gobierno y/o las instituciones catalanas. Finalmente, la enmienda de la CUP incorporada por JxSí a los presupuestos para garantizar la financiación del referéndum en forma de disposición adicional ha sido la rendija para que el gobierno del Estado los recurra; aprovechando la ocasión también se han recurrido las partidas -habituales- para consultas y procesos electorales. Y -en esto se le escapó la risa de indisimulada satisfacción a Soraya ante los periodistas en la Moncloa- se ha incorporado una advertencia preventiva a Puigdemont, a Junqueras, al resto del Govern y media docena de altos cargos de la Generalitat en el sentido que incurrirán en responsabilidades penales si desobedecen. El president y el vicepresident están avisados. Soraya, que ya se ha echado al zurrón de Caperucita mala la inhabilitación de Mas, Ortega, Rigau y Homs, envía el mensaje que no hará prisioneros: el president y el vicepresident actual también pueden ser apartados de la escena por la vía penal. Gesto de preocupación de Puigdemont al recibir la noticia en Nueva York -donde concluye el viaje para explicar el procés en los EE.UU.- y aviso serio, muy serio de Junqueras, al día siguiente: "la gente defenderá los presupuestos".

c) La expulsión de un diputado. Alguna cosa muy importante se está agrietando cuando la democracia española es capaz de expulsar a un diputado del Congreso en plena sesión, sin que le tiemble el pulso a la presidenta de la Cámara, 'impasible el ademán', porque un tribunal lo ha condenado por el hecho de haber facilitado un ejercicio de participación y libre expresión democrática, la consulta del 9-N. La expulsión del líder del PDeCAT en Madrid, Francesc Homs, es indigna de una democracia madura. La democracia no existiría, ni tendría posibilidades de mejora y profundización, si alguien, en algún momento, no hubiera contravenido democráticamente una norma: desobedecer es democrático, y humano. La desobediencia es una de las dinámicas -por supuesto, no la única- que permite hacer avanzar la democracia. El Congreso de los Diputados, en defensa de él mismo, tendría que haber hecho desde el principio "objeción de conciencia" con el suplicatorio de Homs pedido por el Tribunal Supremo en un procedimiento de raíz inequívocamente política, por el hecho de tratarse de una cuestión de democracia. Pero no lo hizo, porque también el máximo órgano del poder legislativo trabaja perfectamente sincronizado con el resto de dispositivos activados por el Estado español para aplastar el movimiento democrático catalán.

d) La tercera vía dura. La tercera vía dura es la de los grandes timoneles catalanes de las compañías del Ibex 35, Fainé, Oliu, Reynés, y muchos otros patronos que, como explicó con todo detalle Víctor Costa en El Nacional, no acudieron al acto de Rajoy sobre las infraestructuras presentado con el significativo título de "Conectados al futuro". Contra la desconexión independentista, promesas dependentistas. Rodalies cada vez más cerca de los estándares ferroviarios de Zimbabwe y corredores mediterráneos con inicio, parada y destino en Madrid. Una vez más se consuma el atropello de la democracia en Catalunya, ahora a cuenta del procés: ¿qué mecanismo tienen al alcance el gobierno y la ciudadanía -incluidos los grandes empresarios- para obligar al Estado a cumplir sus deberes de inversión en obra pública? Es lo que pretendía aquella cláusula del Estatut sobre las infraestructuras, la disposición adicional tercera, según la cual, durante siete años, las inversiones del Estado en Catalunya debían equipararse al peso del PIB sobre el total español (un 17-18%). Una cláusula que pretendía corregir un déficit histórico y que fue fulminada en la sentencia del 2010 del Tribunal Constitucional que se cargó el Estatut.

e) La cosa común. La alcaldesa de Barcelona no ha conseguido integrar el Podem de Albano-Dante Fachin en lo que será su nuevo partido, pero le da igual: la cosa común -lo digo así porque todavía no tiene nombre- va. Pablo Iglesias, amigo de Xavi Domènech, no avala la autoexclusión de la confluencia del díscolo Fachin. Lejos de pretender la revolución, el artefacto de Colau pretende ser en el siglo XXI lo que fue aquella casa común articulada por el PSC en torno al Ayuntamiento de Barcelona y reproducida en tantos y tantos ayuntamientos del país durante décadas. Una parte de aquel antiguo mundo socialista -la que evolucionó hacia el soberanismo- alimenta también la casa común republicana que encabezan Oriol Junqueras y Gabriel Rufián. Como otra parte se fue a la Casa Gran del catalanisme, el último gran intento de la extinta CDC por ampliar su perímetro político. De momento, Colau ríe y, atención, promete conquistar soberanías "más allá del referéndum". Cinismo fino. Con el PDeCAT decapitado ahora también en Madrid y Duran definitivamente en las estanterías de la historia; con Puigdemont y Junqueras en el punto de mira de los abogados del Estado y los jueces de Soraya, Colau toma posiciones para la gran batalla pos-referéndum.

f) He tenido un sueño. Esta mañana, el resfriado y la febrícula me han castigado con imágenes inquietantes. Es un martes cualquiera de la primavera del 2018. Sala Tàpies del Palau de la Generalitat. Reunión habitual del gobierno provisional nombrado después de la inhabilitación exprés de todo el Govern Puigdemont-Junqueras por haber convocado el referéndum. Preside Soraya asistida por el delegado Millo. Hay más figuras conocidas sentadas en la mesa: los vicepresidentes Iceta y Albiol. Veo a otra mujer, pero, de sopetón, la imagen empieza a difuminarse. No estoy seguro de que Inés Arrimadas haya aceptado la primera vicepresidencia. No acierto a adivinar quién es el conseller o consellera de Economia. Por un momento, me ha parecido reconocer a Joan Coscubiela. Y sí, el secretario del gobierno se parece muy mucho a Miquel Roca.