¿Cuánta desigualdad está dispuesta a aguantar una sociedad? Esta es una pregunta que a menudo nos hacemos, pero que hoy en día en nuestro contexto social toma más relevancia que nunca. Y es así porque la ciudadanía está acostumbrada a escuchar como la macroeconomía fluye y como las estadísticas, siempre frías, dicen que la crisis ha pasado. Pero nosotros, la gente de la calle, no percibimos mucha mejora. Cuatro años de incrementos sostenidos del PIB se traducen en más pobreza que nunca y, sobre todo, en más desigualdad.

Y es en este escenario donde hay que reivindicar el papel fundamental de la negociación colectiva y, sobre todo, de los salarios en el reparto y redistribución de la riqueza. Durante el próximo año estaremos expectantes por los incrementos del precio del petróleo (la OPEP parece que ha cerrado el grifo del petróleo barato), las políticas fiscales y las posibles consecuencias del Brexit.

Pero este país no se puede permitir el lujo de continuar con un modelo de crecimiento caduco, basado casi de manera exclusiva en la bajada de los costes laborales (con una caída del 6,3%, del 2009 en 2015, mientras que en la Eurozona han aumentado) y tiene que empezar a pensar seriamente en cómo repartir la renta. En los últimos años la remuneración de los asalariados en el Estado Español ha caído en 31.100 millones de euros mientras que las rentas financieras y empresariales han aumentado en 7.100 millones.

Este ha sido el mantra de la austeridad: devaluación salarial (se calcula que los trabajadores han perdido el 4,8% del poder adquisitivo desde 2009, a pesar de la inflación negativa). Mientras los ricos eran cada día más ricos, los pobres éramos más pobres.

También hay que destacar el papel central del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es verdad que este año ha habido un incremento sustancial, del 8%. Pero también es cierto que veníamos de lejos, de muy lejos. Según el convenio 131 de la OIT, el SMI tiene que proteger a los trabajadores ante las remuneraciones bajas y según la Carta Social Europea -firmada por el Estado Español- éste tendría que ser el 60% del salario medio. En Catalunya, 1.000 euros. Por mucho que el Gobierno español, en una puesta en escena de cara a la galería para estrenar su nueva etapa de minoría parlamentaria, haya incrementado el SMI, se debe dejar claro que estábamos tan desfasados que el incremento es irrisorio.

La caja de la Seguridad Social se ha vaciado a ritmos vertiginosos, vista la poca calidad del mercado de trabajo generada con unos salarios de miseria

Y es evidente que por culpa de esta fallida receta hemos tenido consecuencias nefastas para el conjunto de la ciudadanía. La caja de la Seguridad Social se ha vaciado a ritmos vertiginosos, vista la poca calidad del mercado de trabajo generada con unos salarios de miseria. Y hoy, trabajar y ser pobre pueden ser sinónimos, hecho que nos tiene que hacer replantear todo el conjunto de políticas sociales, pensadas para una era anterior en que caer en la exclusión social era sinónimo de estar en el paro, y trabajar, garantía de una vida digna.

En estos momentos, los agentes sociales están negociando el Acuerdo Para el Empleo y la Negociación Colectiva. Los sindicatos ya han fijado sus criterios: incrementos salariales por encima de la inflación prevista (el 1,3%) para recuperar poder adquisitivo. La cifra planteada contempla una horquilla de entre el 1,8% y el 3%. Hay que ser conscientes, pues, de que en esta discusión salarial nos va el modelo de país que queremos: segmentado socialmente o un poco más cohesionado.

Cuando estudiaba, y de ello hace unos cuantos años, siempre nos decían que la moderación salarial era la clave para evitar lo que entonces se denominaba la espiral inflación-salario. Después hemos aprendido que durante la crisis, los trabajadores y trabajadoras teníamos que ser ofrecidos en sacrificio. E, incluso, como consecuencia de las reformas laborales hemos visto cómo se bajaban los salarios.

Si en ciclos expansivos se nos pide responsabilidad y en ciclos recesivos devaluación, la pregunta es: ¿cuándo ganamos los trabajadores? La respuesta de la patronal es clara: nunca. Y ante el hecho de que las fisuras sociales entre ricos y pobres se ensanchan y que en Catalunya tenemos cerca de 600.000 trabajadores pobres, me remito al principio: ¿Cuánta desigualdad estamos dispuestos a aguantar?