Ahora que los pactos de gobernabilidad parecen condicionados por el magma de escándalos que se cierne sobre el PP (aunque yo dudo que merme en nada la posición avanzada de este respecto del resto de partidos por lo que hace a unas eventuales nuevas elecciones), otros tipos de pactos aparecen en la prensa por enésima vez, dejándome, como siempre, un cierto regusto amargo. Se trata de ese tipo de acuerdos que los fiscales están en disposición de hacer con delincuentes a fin y efecto, se dice, de que todos salgamos ganando: si, por poner el ejemplo más cercano, Matas pacta con Horrach contar cosas jugosas (esto es, con rédito para la fiscalía en cualquier otro frente), es porque a Matas le supone una reducción sustanciosa de sus penas, es porque Horrach puede encontrar delitos nuevos a los que hincar el diente y, se añade, es porque de ese modo la gente puede considerarse beneficiada por la persecución implacable para que quien la haga la pague.

Vaya por delante que me resulta extraño hasta qué punto una fiscalía que todo el mundo ha tildado de politizada pone tanto empeño en desempolvar causas contra el PP que parecían dispuestas a dormir el sueño eterno. ¿Será que Horrach quiere quitarse de encima el sambenito de “abogado defensor de la Infanta”? ¿Será que Rajoy quiere limpiar de enemigos –es decir, de ciertos compañeros de partido– la sede de Génova, borrando de sus estribaciones toda referencia a un pasado que en general se adivina algo oscuro? No sé, quizás todo eso sea bueno, quizás obtengamos enormes beneficios de esos pactos, pero si algo me inquieta es esta alegría que supuestamente deberíamos tener por el hecho de que un culpable “cante” y descubramos a otros cuantos.

¿Será que Rajoy quiere limpiar de enemigos –es decir, de ciertos compañeros de partido– la sede de Génova?

Los pactos que los procesados hacen con la Fiscalía limitan el margen de maniobra de los jueces. Muchas veces estos cargan con la imagen de no querer impartir justicia, cuando lo que ocurre en realidad es que una parte de esta consiste en aplicar el principio de congruencia, lo que implica que no puedan ir más allá de lo que las partes en juicio, incluido el fiscal, decidan pedir. Así pues al delincuente confeso le puede salir gratis delinquir si tiene algún chivatazo bueno que dar. No sé si la lección que se extrae es éticamente correcta. Al final, eso distará muy poco de la famosa y maquiavélica razón de Estado por la que se justificó en el pasado (y se argumenta en el presente) el papel de la guerra sucia en el camino hacia un fin que se supone bueno.