Los últimos días se ha situado en la opinión pública un concepto polémico: la cotización de los robots en la seguridad social. Bien, seguro que nadie piensa que a estos robots les queremos asegurar unos derechos futuros, así que cuando se habla de si los robots tienen que cotizar, realmente lo que estamos poniendo sobre la mesa es si tiene que haber algún impuesto al robot que sea redistributivo.

A nadie se le escapa ni el momento ni la situación en que se debate esta idea: el momento, en pleno cambio de gobierno y una estrenada minoría política, y la situación, cuando en estos días se está a punto de agotar la hucha de las pensiones.

En los últimos años se ha construido un relato interesado sobre la seguridad social y su fin: el agotamiento del fondo de reserva, el envejecimiento de la población y la inviabilidad del sistema. Mientras nos fabricaban un consenso absolutamente trabado, el gobierno del Estado trabajaba incansablemente para reducir las aportaciones del sistema. Con las últimas reformas laborales se ha precarizado el trabajo. Si el año 2010 había 320 mil nuevos cotizantes que generaban 1.900 millones de euros de ingresos a la seguridad social, hoy estos mismos trabajadores ingresan 600 millones. Mismos cotizantes pero menos dinero. La caja de la seguridad social también se ha usado para subvencionar y pagar bonificaciones a la contratación. Todos los estudios llevados a cabo demuestran que esta política sólo genera puestos de trabajo que se hubieran hecho igualmente. O sea, una tormenta perfecta que sitúa el espolio de la caja de la seguridad social como elemento central para desguazar un modelo de reparto igual y equitativo.

En el otro lado, los trabajadores y trabajadoras históricamente han vivido los momentos de transición tecnológica con angustia, por la lógica pérdida de puestos de trabajo que comporta: se estima que en el Estado el 40% de puestos de trabajo serán reemplazados por máquinas. Y es en este marco —de irrupción de la conocida industria 4.0 y la quiebra hipotética de la seguridad social— que surgen alternativas como la cotización de las máquinas y robots al sistema.

Entiendo que el debate tendría que empezar con una premisa básica: ¿queremos asegurar pensiones dignas y suficientes para las personas mayores? ¿Creemos firmemente en la solidaridad generacional y un sistema de reparto? Si la respuesta es afirmativa, habrá que buscar soluciones para rehidratar el sistema. La seguridad social es la única institución a la que se pide que sea autosuficiente. Y es en este sentido que complementar su financiación con impuestos, pagar la gestión del sistema como presupuesto y destapar los máximos de cotización daría aire al sistema. Y crear trabajo con salarios dignos sería la clave.

Mientras tanto, apelar a un impuesto sobre los robots, es una pieza más para cambiar el relato: para decir que hay alternativas y que los que creemos en un sistema de pensiones público tenemos opciones. Sólo es cuestión de voluntad política.