Ir de vacaciones a Oporto y alquilar un apartamento. Bajarte una aplicación y avisar un taxi o bien comprar por internet un libro y que me lo traigan en dos horas a casa. Estos son algunos de los típicos casos de la irrupción en nuestras vidas de la economía denominada colaborativa. Pero todo lo que se vende bajo esta denominación ni lo es, ni se le puede considerar.

Como todo sistema que nace nuevo, la economía colaborativa tiene problemas para clasificarse a sí misma. Hay muchas dificultades para poder hacer una definición clara y delimitada, pero una de las más aceptadas es la que recoge un informe del Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), de Bostman y Rogers, que la considera como "un sistema económico basado en el uso compartido de bienes y servicios infrautilizados, de forma gratuita o mediante un precio, directamente a particulares a través de plataformas en línea". Y aquí entra un triángulo virtuoso que tiene tres agentes principales: las personas prestamistas, las usuarias y la misma plataforma. Y además, la mayoría de esta economía tiene poco de colaborativa, en la medida en que detrás hay lucro y beneficio.

En estos tres agentes de la economía colaborativa, es donde surgen las controversias más importantes, que para mí también son tres: la relación laboral, la fiscalidad a pagar y la seguridad en el consumo.

Con respecto a la primera, hace días hemos visto los primeros conflictos colectivos fruto de esta nueva organización de la economía. Son los conocidos riders de Deliveroo. A menudo gente joven, que no tiene ninguna relación con la empresa más allá de la disponibilidad total. Son los conocidos como "falsos autónomos": tienen una relación mercantil pero la empresa los obliga a establecerse como tales. Y a partir de aquí llegan los problemas: jornadas sin orden, si hay trabajo, se cobra y si no, no, ningún convenio sectorial de referencia y cualquier accidente laboral a costa del trabajador. En este sentido, son el exponente más nuevo de la mercantilización del mercado de trabajo, donde la plataforma traslada los riesgos a las personas trabajadoras en forma de medios de producción —la bicicleta es suya—, de seguridad y las cuotas como autónomos. Estos trabajadores y trabajadoras son el máximo exponente de la precariedad de nuestro mercado de trabajo y de un sistema fragmentado de relaciones laborales que dificulta su defensa colectiva en sindicatos. Incluso, las mismas patronales tienen dificultades para organizarse.

Estos trabajadores y trabajadoras son el máximo exponente de la precariedad de nuestro mercado de trabajo y de un sistema fragmentado de relaciones laborales que dificulta su defensa colectiva en sindicatos

El segundo problema importante de este tipo de economía es la fiscalidad. Para las plataformas es fácil, y mucho, hacer elusión fiscal y hacer competencia desleal a los negocios tradicionales, que pagan impuestos de forma regular. Y también es complejo establecer quién y cómo paga los tributos entre los usuarios. En este sentido, hay que dejar muy claro que las plataformas tienen que tributar tanto si están establecidas en territorio nacional como si no. Y hace falta una normativa europea que facilite la trazabilidad de los impuestos pagados para evitar entrar en un agujero negro fiscal.

Y finalmente, las personas usuarias. Hay que delimitar responsabilidades, y sobre todo, que sean transparentes. La confusión sobre si la actividad económica es con afán de lucro o no, delimita la asunción.

Nos encontramos en una nueva era. La digitalización es y será una realidad. Es verdad que nos tendremos que adaptar. No podemos negar los avances tecnológicos ni tampoco las nuevas formas de trabajo ni de consumo. Pero hay que delimitar claramente cuando la relación laboral es dependiente o autónoma: teniendo una legislación clara al respecto, o estás en el régimen general de la seguridad social o bien en el de autónomos, y hace falta que las empresas dejen de hacer trampas en el solitario. Y que dejen de engañar a los trabajadores.

Como consumidores también tenemos poder. Tenemos que ser capaces de señalar aquellas empresas que pagan y tributan donde toca y que tratan bien a sus trabajadores. Si no, al dumping y la deslealtad hacia los que lo hacen bien nos acaba afectando como sociedad.

No podemos hacer que el progreso tecnológico nos traiga más precariedad en vez de más bienestar. No puede ser que esta nueva economía se asocie al fraude fiscal y a la inseguridad. Hay que ponerse manos a la obra. Porque, si no, acabaremos perdiendo todos.