La carta enviada por diversos diputados del Parlamento de Westminster al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, instándole a él y al Ejecutivo español a abogar por el archivo de la causa judicial abierta contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, es un hecho absolutamente insólito. Tan inaudito, al menos, como que, como señalan los parlamentarios en su nota enviada a La Moncloa, no tiene precedentes en la historia moderna posterior a 1945 en la Europa occidental. El hecho de que entre los firmantes haya miembros de hasta cinco formaciones en el Parlamento británico, el Partido Nacional Escocés (SNP), el Partido Nacionalista Galés, el Partido Laborista, el Partido Conservador y el Partido Liberal-Británico da ideológicamente hablando un abanico suficiente para que la iniciativa no sea tildada desde Madrid de maniobra de los diputados independentistas escoceses.

En política hay cosas que pasan inadvertidas y que se realizan de cara a la galería fundamentalmente y otras que escuecen. En un Madrid aún en un largo puente festivo de cuatro días, por el Día de la Comunidad que se celebra el 2 de mayo coincidiendo con el levantamiento de 1808 contra la ocupación francesa de España, la carta de los parlamentarios británicos viene a situar el insólito proceso a Forcadell en el terreno que no quiere el Gobierno español: la evidencia que estamos, una vez más, ante un juicio político. No es extraño así, que resalten el hecho de que al permitir la presidenta de la Cámara catalana y los miembros de la Mesa el debate parlamentario no hicieran otra cosa que facilitar la libertad de expresión, norma básica en cualquier sede legislativa.

La carta finaliza con una petición de archivo del proceso, instando al presidente del Gobierno español a buscar una solución mediante el diálogo y a la espera de su pronta respuesta, que ya veremos cuándo y cómo recibirán. A estas alturas, es obvio que la internacionalización de las demandas catalanas de celebrar un referéndum ha cogido altura ya que en diferentes estados hay constituidos grupos de trabajo en cámaras parlamentarias para apoyar la celebración de una consulta acordada. El Gobierno español no se sale de su guión pero actitudes como la de los diputados británicos acentuarán sin duda su incomodidad.