La confusión de la política doméstica –sea cuál sea el domus- no ha cesado ni en las merecidas –para la mayoría- vacaciones de Pascua. Las curvas del procés, por un lado, y la tormenta de la corrupción, por otro, no han parado ni en el día de la mona. Hoy toca hablar de corrupción.

Tema siempre recurrente, pero que del miércoles santo al miércoles de gloria ha sido, no una lluvia fina, sino un vendaval de proporciones casi bíblicas. Nuevamente se trata de la corrupción en la que, presuntamente, se encuentra enfangando hasta casi el cuello el marianismo, porque Rajoy es prácticamente el único líder popular con altos cargos directivos dentro de su partido de forma ininterrumpida. Otros, incluso en su día de más relieve, ya no están por unas razones u otras. O sea que lo que está en el ojo del huracán es el marianismo, no tan sólo como forma de gobernar, sino también de gestionar un partido desde el gobierno y desde la oposición; más, todo sea dicho, desde la Moncloa que desde Génova.

La noticia del rescate de las aznaristas autopistas vacías estuvo a punto de ser el tema central de la Pascua. Desgraciadamente, la citación de Rajoy como testigo en el caso Gürtel (primer capítulo de la Audiencia Nacional) y la eclosión del caso Canal de Isabel II -con la imputación del expresidente madrileño y sucesor de Aguirre, Ignacio González- parecen haber tapado el tema de las quiméricas vías de peaje. Por si no tuviéramos bastante con ello, el caso Canal tiene un estrambote: la imputación de Marhuenda y de sus dos jefes, Mauricio Casals –presidente de la editora de La Razón- y de su consejero delegado, Edmundo Rodríguez Sobrino, que además es hombre de confianza de González en muchos de los nada claros negocios que se han realizado desde el Canal de Isabel II. A pesar de como pica en los ojos este humo, no es todavía urgente. En los próximos días todavía será más escandaloso. Reservémonos pues.

El negocio de las autopistas fallidas, orquestado desde el Consejo de Ministros, queda claro: por un lado, la construcción de las vías; por el otro, su rentabilidad real poco importaba: el Estado indemnizaba a las empresas adjudicatarias

Lo que sí que es un escándalo con letras mayúsculas, que deja pequeños todos los casos de corrupción individualmente conocidos, es el caso de las autopistas aznarianas, que el profesor Julio González ha destripado con su precisión habitual hace unos pocos días a su blog Global Politics and Law, con el artículo Rescate de las autopistas ¿nuevo regalo? No me referiré a lo que mi colega ya dice y dice bien. Partiendo de sus precisiones, haré una serie de observaciones.

Nadie ha explicado en el caso de las autopistas, ni las cuentas que se hicieron para subastarlas ni su adecuación a la realidad, ni quien las hizo. Muchas de ellas dependían de las construcciones futuras, normalmente para recreo, futuras sólo sobre el papel, y/o que discurren en paralelo, a pesar de tratarse de autopistas de peaje, de lado o muy próximas a las autopistas libres. El negocio, orquestado desde el Consejo de Ministros, queda claro: por un lado, la construcción de las vías; por otro, su rentabilidad real poco importaba: el Estado indemnizaba a las empresas adjudicatarias. Emprendedores del BOE -como sufrimos demasiado a menudo- sin de hecho desembolsar mucho dinero y en cambio cobrando un montón de él, pagado al fin y al cabo por todos.

Que el negocio era doble está más claro que el agua cuando vemos que los derechos de explotación (que incluye la indemnización) se consideran un activo –es decir, integra el patrimonio positivo de la compañía- y se puede transferir a terceros, es decir a los acreedores, fundamentalmente, bancos y otros no muy recomendables. Es insólito que las indemnizaciones por hacer mal las cosas constituyan un activo avalado por el Estado, y puedan ser objeto de compraventa, se llamen como se llamen las operaciones financieras que vehiculan este enriquecimiento privado y empobrecimiento público.

Pero he aquí que la crisis puso al descubierto la mascarada de esta operación de obras públicas innecesarias y faraónicas. El Estado no las puede rescatar: se lo prohíbe la Unión Europea, porque iría a incrementar los topes de déficit. Hablamos, hoy por hoy, de unos 5.000 millones de euros entre capital e intereses. Mucho más que todos los Gürtel, Fabra, ERE, Pujol, Palma Arena, 3%, Brugal, Auditoría, Canal... juntos.

Es insólito que las indemnizaciones por hacer mal las cosas constituyan un activo avalado por el Estado, y pueda ser objeto de compraventa

En cambio, la jugada salió perfecta, de momento, con el caso Castor. Sin expediente administrativo de ningún tipo se indemnizó a la compañía explotadora de los depósitos de gas submarinos –vinculada a, ¡vaya!, Florentino Pérez. Para evitar el preceptivo expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración que habría tenido que informar el Consejo de Estado, sumamente restrictivo en sus dictámenes a la hora de cargar en todos la responsabilidad pecuniaria de las administraciones públicas, la indemnización se instrumentalizó, no por decreto –un acto administrativo- sino por decreto-ley, un acto normativo, de fuerza legal (ya ratificado en el Congreso por la mayoría absoluta del PP) y que sólo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional –donde está pendiente desde hace dos años resolver el caso.

En este caso, la indemnización del Castor, más de 1.300 millones de euros, no fue a cargo de los presupuestos del Estado. Lo pagaremos durante 30 años como "suplemento" al recibo del gas, dado que el incremento de los cánones del sistema gasista –este es el sistema que se ideó para indemnizar- se pueden repercutir en el consumidor.

El tema de las autopistas será más complicado. Se intentará, sin embargo, desplazar la carga a los ciudadanos, reduciendo sensiblemente el coste financiero y las pérdidas para los concesionarios, bancos y los otros acreedores de los primeros. Los precedentes de reducir los costes a los que se han beneficiado de pescar en un tonel los tenemos en el reciente decreto-ley sobre la protección del consumidor por las cláusulas suelo, que es una forma, si el consumidor no está bien asesorado, de perder derechos, entre otros las costas procesales, a las que los bancos nunca renuncian.

Al fin y al cabo, los casos Gürtel, Fabra, ERE, Pujol, Palma Arena, 3%, Brugal, Auditoría, Canal son graves.... Claro que son graves. Pero tener a plena disposición el BOE –o cualquier otro diario oficial- deja pequeña esta corrupción: en comparación no pasa de ser calderilla. No olvidarla es esencial, pero no tiene que tapar el permanente negocio del siglo: poder escribir en las gacetas oficiales lo que convenga al patrimonio de quien realmente manda.