España es aquel lugar donde la cúpula política de los estamentos judiciales actúa contra la mesa de un Parlament porque insta a hacer un debate. ¿Argumento? Debatir es ilegal. O sea, es delito que en un Parlamento (que viene de hablar) se hable de las cosas que las cúpulas políticas de los estamentos judiciales consideran que son ilegales. Ergo, hablar es delito.

España es aquel lugar donde la cúpula política de los estamentos judiciales actúa contra la mesa de un Parlament, pero no contra todos sus miembros. Y el argumento usado contra el miembro contra el cual no actúa es que no sabía exactamente lo que hacía. Y cuando el propio interesado dice que sí, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, la cúpula política de los estamentos judiciales cambia de criterio. O sea, la cúpula política de los estamentos judiciales mantiene un criterio volátil. Y eso, cuando se habla de justicia, ofrece unas garantías democráticas que emocionan. Ergo, la cúpula política de los estamentos judiciales tiene días de todo.

España es aquel lugar donde se ha llegado a decir en sede parlamentaria que se están usando las urnas para ir contra la democracia y se ha llegado a escribir en editoriales de diarios que durante años nos han dado lecciones de periodismo que votar es antidemocrático. Ergo, las urnas y usarlas es antidemocrático.

España es aquel lugar donde la cúpula política de los estamentos judiciales se querella contra una consellera de un gobierno democrático porque ha abierto una licitación para comprar urnas. ¿Argumento? No, es que sospechan que estas urnas podrían ser usadas para votar. Y como que unas líneas más arriba hemos quedado que votar es antidemocrático, pues blanco y en botella, horchata. Ergo, comprar urnas es un delito.

¿Y, en qué se basa toda esta interpretación que hace la cúpula política de los estamentos judiciales siguiendo las directrices políticas de quien les ha colocado en el cargo? En el uso partidista que hacen de la Constitución Española de 1978, una ley que fue aprobada votando y, claro, utilizando urnas, que como ha quedado acreditado unas líneas más arriba son cosas ilegales y delictivas.

Y quien hace un uso político-partidista de la Constitución es el partido que cuando el 31 de octubre de 1978 el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución vio como 5 de sus 16 diputados votaban no y otros 3 se abstenían. Y es el mismo partido que en aquel referéndum para aprobar aquella Constitución que ahora dicen defender dio libertad de voto a sus afiliados.

Pero, claro, entonces la cúpula política de los estamentos judiciales estaba por otros trabajos. Si no, seguramente les habría aplicado la misma medicina que ahora aplica este partido y que resumida sería: la democracia es antidemocrática. Y entonces, como ahora, sólo hubiera sido necesario un poder político que se lo hubiera ordenado a quien hubiese estado situado en el lugar adecuado para obedecer.