Como era de esperar, la comisión de investigación abierta la semana pasada sobre la llamada Policía Patriótica –bella metáfora- ha servido para enconar más los ánimos. Todo se centra en las famosas conversaciones mantenidas entre Fernández Díaz, cuando era ministro del Interior, y De Alfonso, cuando era jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, conversas que vieron la luz de la mano de Público.

Excitación y falta de resultados, vistos los antecedentes, es lo que se podía esperar de ello. Fundamentalmente, y a pesar de la minoría parlamentaria en que se encuentra el Partido Popular, porque, después de casi 40 años de democracia, el sistema arrastra lastres autoritarios, o sea, zafarse genéticamente al control. La prueba: el pacto de los populares y socialistas para limitar la duración de las intervenciones de los declarantes a los que no han vetado su comparecencia.

Como lo infructuoso de estas comisiones ya se da desde el principio por hecho, los comparecientes responden necesariamente lo que tendrían que responder –ajustándose a la realidad lo más posible-, cosa difícil cuando ciernen acciones penales sobre sus declaraciones. Por otra parte, los diputados interrogantes preparan poco sus intervenciones con datos solventes, más allá de recortes de periódico o invectivas de cara a la galería. A veces, para acabar de arreglarlo, huérfanos de conocimientos suficientes en la materia, dejan pasar de largo ocasiones, diríamos, de gol, casi a puerta vacía.

La primera evidencia de que las grabaciones del Ministerio y su divulgación no son delictivas es que los mismos afectados no han formulado ninguna querella criminal

Un ejemplo. Cada vez que los comparecientes afectados por la investigación alegan términos técnico-jurídicos, es como si hubiera pasado un ángel: silencio sobre el tema y continúa el interrogatorio. Esta afirmación viene a corte de las reiteradas alusiones tanto de Fernández Díaz como de De Alfonso a la vulneración de su intimidad con ocasión de la grabación y, sobre todo, a la divulgación de sus encuentros en el despacho oficial en el Ministerio del Interior del ministro del Interior. Vamos por partes.

La primera evidencia de que las grabaciones y su divulgación no son, cuando menos, delictivas, es que los mismos afectados no han formulado ninguna querella criminal. Ni tampoco han presentado ninguna demanda civil por protección del honor, de la propia imagen o de cualquier otro derecho de la personalidad. Esta inacción procesal es llamativa a más no poder. Tampoco el Ministerio Fiscal ha formulado ninguna acción.

Es cierto que estamos ante delitos sólo perseguibles a instancia del afectado; así lo establece el artículo 201 del Código Penal, en su apartado 1. Sin embargo es igualmente cierto que el mencionado precepto, en su apartado segundo, declara: "2. No hará falta la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito [artículos 197 a 200] afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas". Lisa y llanamente: el Ministerio Fiscal –ni su principal, el Gobierno central- no ve ninguna afectación de los intereses generales; no fuera, por otra parte, que, una vez interpuesta la querella, se les girara en su contra.

Además, el acto del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2016 inadmitió la querella formulada por Xavier Trias i Convergencia Democrática de Catalunya (sic) contra Fernández Díaz i De Alfonso por los delitos de prevaricación y revelación de secretos. Como argumento principal, el TS no acepta las conversaciones como fuente de la imputación: son, dice, informaciones periodísticas sin contrastar y sin que las conversaciones hayan sido analizadas y, por lo tanto, no se puede determinar su carácter genuino e integridad. Más claro, agua.

De todos modos, sí que alguna cosa se intentó: alguien, por iniciativa propia o ajena, ordenó a unos policías personarse en la sede de Público y reclamar las grabaciones, allí por el mes de junio de 2016. Personarse sin orden judicial ni procedimiento judicial abierto en un medio de comunicación para requisar material periodístico: ¡qué cosas de pasar en el-país-de-la-ley-es-la-ley!. Como no podía ser de otra forma, los funcionarios abandonaron el digital con las manos vacías. Y como existen silencios muy llamativos, la Asociación de la Prensa de Madrid no emitió ningún comunicado sobre esta incidencia –cuando menos, en su web no consta.

Las conversaciones llevadas a cabo en el despacho oficial del Ministro del Interior por el mismo ministro del Interior con una alta autoridad, no son privadas

Una vez dicho todo lo anterior, se debe añadir un tema no menor, sino al contrario, primordial. En efecto, las conversaciones llevadas a cabo en el despacho oficial del Ministro del Interior por el mismo ministro del Interior con una alta autoridad, no son privadas, ni pueden serlo. Lo público nunca es privado. Como se trata de conversaciones que no son privadas, no está en juego la intimidad ni su protección penal. No hay ninguna intimidad en un despacho oficial.

Incluso, los más románticos que imaginen la hipótesis de mantener relaciones amorosas prohibidas –la cimbra de la intimidad- en un despacho oficial, en horas de oficina y por su titular. Sería de todo menos íntimo. Lo que no puede el amor, hacer privado lo que es público por lugar, tiempo y sujetos, no lo puede hacer el Derecho. Y no lo hace.

Una reunión de sujetos públicos en una dependencia pública podría, al fin y al cabo, ser, bajo ciertas circunstancias, secreta –la revisión de la estrategia antiterrorista, por ejemplo. Pero es un secreto amparado por la ley. Prometer, sin embargo, afinaciones de los fiscales no constituye el tipo de secreto que es protegido por la ley.

Cerramos, por ahora, este capítulo. Estamos ante unas grabaciones realizadas en el despacho oficial del ministro del Interior, al mismo ministro, en el transcurso de un encuentro no registrado en el libro oficial de visitas. Nadie sabe –es un decir- quién llevó a cabo estas grabaciones, cuántas copias existen, quién las ha conocido y por qué y de la mano de quién fueron a parar a un medio de comunicación. Un esperpento goyesco. ¿Qué han dicho los ministros del Interior de los países aliados de visita al Ministerio del Interior, sobre la seguridad del Ministro?. ¿Las recriminaciones o los hazmerreíres estarán grabados? ¿Si es así, las conoceremos algún día?