Antes de hacer un ridículo continental la justicia española se ha conformado con un gatillazo en casa. Difícilmente se puede hacer otra lectura del auto del instructor del TS fechado hoy y que hemos conocido a primeras horas de la mañana.

Tres son los argumentos que da el magistrado en su resolución. En primer lugar, que existe la posibilidad de que los exiliados en Bélgica, el presidente Puigdemont y cuatro consellers y conselleres, regresen. Parece que es más un deseo que una realidad. Un observador lo bastante imparcial opinaría, por una parte, que se puede hacer una campaña electoral muy activa y efectiva desde fuera en estas elecciones tan abiertamente inconstitucionales como plebiscitarias por sus convocantes. Por otra parte, pasadas las elecciones, como el conflicto no decrecerá –muchas son las heridas abiertas por la violencia físicamente catalanofóbica imperante y oficialmente fomentada–, mantener un foco de tensión política inaccesible al poder represivo del Reino de España no parece nada inconveniente.

El segundo argumento se centra en el carácter plurisubjetivo de la causa –es decir, que hay muchos imputados, lo cual no es novedad–, múltiples imputados que tienen que ser tratados por igual. Dicho así se vislumbra una rama de la tercera y definitiva razón de ser de la decisión del TS. Esta no es otra que, en caso de que fueran entregados los exiliados, que no fugados –se fueron mucho antes de cualquier citación judicial–, lo fueran con severísimas restricciones: ni por todos los delitos y con límites máximos de penas a imponer.

Resultaría curioso que no recibieran el mismo castigo todos los máximos responsables de las fechorías cósmicas que se imputan a los miembros del Govern de la Generalitat, de parte de la Mesa del Parlamento, de destacados miembros de la sociedad civil y los que todavía pueden caer en las redes de estos procesos penales artificialmente constituidos.

Pero finalmente, la segunda rama del tercer motivo para hacer marcha atrás radica en el riesgo más importado, un ridículo de magnitud continental, que va más allá de la limitación de los delitos a juzgar a España y de las penas a imponer. El peor escenario a menos que se negara toda entrega a la justicia hispana por falta de garantías suficientes. Elementos para dictar una resolución en estos u otros más diplomáticos términos hay bastante contrastadísimo material judicial, empezando por resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno de los más famosos revuelcos en Estrasburgo fue la doctrina Parot, doctrina inventada por el inminente nuevo fiscal general, Sánchez Melgar, cuando era magistrado del TS.

Prosiguiendo la ojeada por esta resolución de hoy, resulta muy significativo que el magistrado Llerena no haya dado audiencia en las partes –se denominaría preceptivo–, como trámite previo a dejar sin efecto una medida como es la emisión de una euroorden. No se puede considerar, como viene a hacer la resolución que la deja sin efecto, como una medida más de investigación, con una relevancia, ahora, prácticamente anecdótica, cuando ha adquirido rango de cuestión de estado. Duros sevillanos, por favor, no.

Adoptar esta decisión sin oír la opinión de las partes procesales parece insólito y muy poco cuidadoso procesalmente hablando. Claro está que una de las partes es la Fiscalía y, quizás, la primera decisión a tomar por el nuevo fiscal general del Estado sería oponerse a la reescogida de la euroorden y recibir la primera derrota en los tribunales en su primera actuación. Aquí, en detrimento de la pureza procesal, se diría que se ha impuesto la cortesía entre colegas.

Una vez el juez belga dé por concluido el incidente de la euroorden, el presidente Puigdemont, los consellers Toni Comín y Lluis Puig, y las conselleres Meritxell Serret y Clara Ponsatí, podrán disfrutar de plena libertad de movimientos, salvo el Reino de España, cuando menos durante una buena época. Pueden acampar al lado de la frontera francocatalana, incluso, quizás, en Andorra.

Una vez más hacer jugar políticamente a la justicia, institución no preparada para el juego político, tendrá consecuencias que los aprendices de brujo nunca avistan. No aprenderán nunca a hacer las cosas como es debido.