La condena que le ha caído a la piadora Cassandra por sus tuits sobre Carrero Blanco me ha hecho pensar en una serie de reportajes que publiqué en motivo del 25 cumpleaños de la muerte de Franco. El primero de todos lo dediqué a explorar el conocimiento que los jóvenes tenían de su figura, y dio un resultado curioso. Cuando preguntaba a los chicos que me encontraba por la calle quién era Franco, la mayoría sólo sabían decirme: "Era un hijo de puta".
No sabían quién era Azaña, ni qué era el 14 de abril, ni cuándo había estallado la guerra civil, ni qué pasó el 6 de octubre, ni quiénes eran Primo de Rivera o Queipo de Llano. Sólo sabían decirme que Franco era un hijo de puta. El diario me cambió el titular aduciendo que no se podía insultar desde una cabecera seria. A pesar de la connotación irónica del título, el editor prefirió este encabezamiento: "Vale más olvidarlo, es lo que más lo fastidiaría".
Los tuits me han recordado ese resultado porque ponen de manifiesto hasta qué punto la sabiduría popular se puede instrumentalizar, si se descontextualiza bien. Lo que da miedo de los tuits de Cassandra es que van al meollo de la historia porque están escritos por una persona culta, sensible y con sentido del humor. Si ETA contribuyó a la democracia matando Carrero Blanco quiere decir que toda la culpa de lo que ha pasado en España los últimos 40 años no puede ser sólo de ETA y si toda la culpa no es sólo de ETA, quiere decir que alguna cosa falla.
Lo que falla se ha visto ahora con la condena de Cassandra. Falla que, a pesar de la cultura popular y los ataques de indignación que escenifican los diputados del PP y de Ciudadanos cuando se les tilda a franquistas, el ordenamiento jurídico español todavía es deudor de 1939. Guste o no, según la ley española, Franco y sus colaboradores eran buenas personas que hicieron algunas cosas malas para poder restablecer el orden.
La justicia española todavía se fundamenta en la idea de que Franco se alzó para defender la Segunda República y que fue el gobierno constituido y sus defensores los que se rebelaron. Estos fundamentos ideológicos de la legalidad vigente son los que han impedido anular el juicio de Companys, y los que hicieron caer a Garzón en el momento que metió en el cuerno en los crímenes del franquismo.
Si Companys fue fusilado injustamente quiere decir que Franco y todos los que tuvieron cargos bajo sus gobiernos ocuparon el poder de forma ilegítima. ¿Si ETA tuvo un momento de gloria, entonces porque no han sido juzgados los responsables de la dictadura, como lo han sido los terroristas que llenan las prisiones, y los diarios que les han dado cobertura de una manera u otra?
Esta contradicción entre la ley y la memoria de la mayoría de la gente ha convertido España en un agujero negro para la inteligencia y ha obligado a los políticos a hacer juegos retóricos cada vez más confusos. A la larga, cuando se mueran los españoles que llegaron a Catalunya sabiendo que se había producido un genocidio lingüístico, es probable que los defensores de la lengua catalana nos encontremos en una situación parecida a la de Cassandra. De hecho, Ciutadans ya creció sobre el malentendido que, en el terreno lingüístico, ha provocado que el franquismo nunca haya sido juzgado.
Cuando se celebró el referéndum de Arenys de Munt del 2009 ya escribí que, una vez democratizada la derecha y la izquierda, España debería democratizar el conflicto territorial, es decir, reconocer que Catalunya es una nación hasta las últimas consecuencias. El Referéndum, igual que los chistes de Cassandra, ponen de manifiesto que, mientras todos los políticos abjuran de Franco, el ordenamiento jurídico español hace todo el contrario.
Ahora se entiende mejor porque la ley de amnistía de 1977, en la cual los criminales se autoperdonaban a ellos mismos, ha sido denunciada por la ONU. Ahora se ve que los comunistas y algunos nacionalistas se vendieron al Estado, exactamente como si Junqueras aceptara renunciar al referéndum a cambio de ser presidente de la Generalitat –cosa que es, más o menos, lo que se vio obligado a hacer Pujol después de ser torturado y sufrir un consejo de guerra.
Un Estado que se despide de Fraga con honores y considera que un exfranquista como Pérez de los Cobos es apto para presidir al Tribunal Constitucional, no tiene más remedio que condenar Cassandra y decir que ETA y el Referéndum son lo mismo. Todo es muy sencillo. A cambio de permitir que la gente se pudiera desahogar en los mítines y las sobremesas, el Estado español ha honrado el levantamiento de Franco. Así las cosas uno entiende que de aquí 200 años Franco pueda sea considerado un estadista y el excelentísimo almirante catalán Cristobal Colón un pobre campesino genovés.