Algún día, el ministro Luis de Guindos, que, por decirlo a la manera de García Albiol, siempre me ha parecido un tipo normal, lo explicará todo. Por el momento, deslizó este sábado en las jornadas económicas de s’Agaró que no hace falta incentivar el retorno de empresas “exiliadas” de Catalunya a raíz de los hechos de este octubre porque Catalunya ofrece suficientes atractivos como para que esas más de 2.000 compañías vuelvan a casa por Navidad por su cuenta. El momento será, eso sí, cuando, a partir del 21 de diciembre se hayan celebrado las elecciones al Parlament convocadas por Mariano Rajoy en uso y disfrute del artículo 155 de la Constitución y todo vuelva, por fin, a la “normalidad”. También esta misma semana, y tras haberles facilitado el salvoconducto para la fuga en vísperas del referéndum de independencia del 1 de octubre, el propio presidente del Gobierno animó a esas firmas a volver a Catalunya. Así respondió a la sorprendente petición del presidente del Foment, Joaquim Gay de Montellá, para que el Ejecutivo español incentive el retorno. Para completar el cuadro, el cuadro de surrealismo cínico con que el Gobierno del PP sigue administrando la carpeta catalana, dice Guindos que la presunta crisis económica desatada por el proceso independentista ya casi ha remitido. De todo ello se pueden extraer diversas conclusiones. 

El “éxodo” de sedes empresariales y —en menor medida— fiscales España endins ha supuesto más costes que beneficios para esas compañías, como evidencia la petición de Montellà a Rajoy para que incentive el retorno, a manera de compensación por los servicios prestados y los gastos añadidos —descensos continuados en la cotización del Ibex incluidos—. Algún día conoceremos el coste que ha tenido la guerra económica desatada por la Moncloa y la Zarzuela contra el independentismo para grandes y pequeños capitanes de empresa catalanes que se han visto incapaces de calmar a sus clientes más intranquilos. Por ejemplo, los impositores de las entidades bancarias en los que más mella hizo la propaganda apocalíptica sobre las consecuencias económicas de la independencia de Catalunya con la que el Estado español lleva bombardeando desde hace años a la ciudadanía desde Segovia a Ripoll. Una campaña desmedida, que ya tuvo su anticipo en las plebiscitarias del 2015, y pagada, desde luego, con el dinero de todos los contribuyentes. Sufragada con los impuestos de todos, indepes incluidos, exactamente igual que la misión de los piolines y demás fuerzas policiales embarcadas en la operación de castigo al independentismo civil que el 1 de octubre pasado permitió conocer la cara oculta del régimen “democrático” español al mundo civilizado. A los países del mundo normal, que diría Albiol, y a los consejos de administración de sus multinacionales.

Rajoy Foment Treball Sergi Alcàzar

Pero, además, y por alguna razón que no acierto a comprender, resulta que los máximos responsables del Gobierno español han caído en la cuenta que tampoco les sale a cuenta que esas empresas que dejaron Catalunya atrás se hayan deslocalizado parcialmente en Madrid, en València o en Palma. ¿A qué, sino, ese súbito interés porque vuelvan cuanto antes? Me da que la España-España ha hecho más bien poco negocio acogiendo esas grandes compañías catalanas con los brazos abiertos. Aunque, y en la mayoría de los casos, solo han procedido a una especie de traslado cosmético que ni ha comportado la pérdida de puestos de trabajo ni el cierre de sedes en origen.

Catalunya y su economía han resistido el momento crítico de la preindependencia incluso con sus principales multinacionales 'exiliadas'

Todo ello es especialmente llamativo dado que se ha producido en la fase más políticamente aguda de la crisis política e institucional: entre el referéndum del 1 de octubre, el paro masivo -y casi revolucionario- del día 3, la no-declaración de independencia del 10, la no-proclamación de la República catalana del 27 y, pese a ello, la suspensión e intervención de la autonomía mediante el 155, y la huida a Bélgica y el encarcelamiento de la casi totalidad del Govern y los Jordis. Ello supone que Catalunya y su economía han resistido el momento crítico de la preindependencia incluso con sus principales multinacionales exiliadas en España. Huidas tras haber sido “invitadas” a marcharse por el gobierno de Madrid, de la misma manera que ahora se les ruega que regresen. ¿Se imaginan qué hubiese sucedido si esas grandes compañías hubieran resistido la presión y se hubiesen quedado donde estaban? Paradojas de este extraño presente, mientras el president del Govern, Carles Puigdemont, se exilia en Bruselas, los grandes bancos y compañías catalanas se van a España. ¿Quién se está quedando fuera de Europa? 

Pero, ¿y después del 21-D? ¿Incluye el concepto de “normalidad” del gobierno del PP y Albiol la relocalización de las 2.000 empresas con un nuevo gobierno independentista? ¿O acaso una nueva victoria electoral de los partidarios de la República catalana independiente justificará que se prolongue la “anormalidad”? ¿Por cuánto tiempo más va a haber políticos y líderes sociales presos y exiliados y empresas huidas de Catalunya? No habrá lo que el PP llama “normalidad” sin el retorno de esas empresas, pero tampoco de los presos y exiliados. No habrá “normalidad” sin la devolución al pueblo de Catalunya del control efectivo, legal y legítimo de sus instituciones, incluidas las económicas. Las públicas y las otras.