El independentismo debería boicotear las elecciones del 21-D pero no puede, porque debe ganarlas. Para la primero, le sobran motivos. Y a medida que avanza la "campaña” -así, entre comillas-, aún más. El grado de desfachatez con el que actúan los dirigentes del Gobierno español y los candidatos del bloque “normalizador”, ese que, con todo el aparato del Estado cubriéndole las espaldas, pide gente “normal” al frente de TV3 (Albiol) o que proclama que ha llegado la hora de la gente “normal” (Arrimadas) no es para menos. Lo segundo, mantener la hegemonía no es un mero objetivo electoral: es casi un acto de reparación histórica tras el atropello del 155.
La línea que separa lo normal de lo anomal depende siempre de quien la marca, cierto. Pero ocurre que, en ocasiones, está demasiado clara, por muchos esfuerzos que se hagan para borrarla o desplazarla. ¿Es normal participar en unos comicios convocados y controlados por quien te ha metido o te puede meter en la cárcel o te ha forzado o te forzará a exiliarte? ¿Acaso Junqueras y Puigdemont, los dos candidatos con más posibilidades de obtener o revalidar la presidencia de Catalunya pueden competir en igualdad de condiciones con el resto, uno en la cárcel y el otro en el exilio bruselense -si vuelve a España será detenido-? ¿O es que las garantías democráticas solo son exigibles para los referéndums de independencia?
No le faltarían argumentos, no, al independentismo, para hacerle un gran butifarra -un corte de mangas- a las elecciones del 21-D. Para ello, podría utilizar dos estrategias. Una, promover la abstención pura y dura. La otra, utilizar la participación pasiva: el voto blanco o nulo. Y en ambos casos, podría ganar las elecciones, aunque su resultado en escaños, por incomparecencia, fuese cero. Lo que sucede es que las circunstancias, el terreno de juego en el que se desarrolla la campaña electoral y la misma votación, y se desarrollará la constitución del nuevo Parlament -si es que se llega a dar, lo que no está del todo claro- revisten tal grado de anormalidad que renunciar a las urnas sería la vía directa al suicidio. Y, desde luego, la rendición completa ante los “normalizadores”. Por ahí, por la vía de la invisibilización y el borrado electoral del contrario, Arrimadas e Iceta seguro que alcanzarían la presidencia.
Rajoy ha pisoteado los derechos del catalán "indepe" y del catalán "autonomista"
Los comicios del 21 de diciembre no están regulados por la ley electoral vigente, la LOREG, sinó sometidos a la práctica al artículo 155 de la Constitución, es decir a un régimen disciplinario de limitaciones y restricciones de derechos básicos que cuestionan de raíz su carácter democrático. Para el Gobierno español y el unionismo esto no va de democracia, ni de votos, sino de unidad de España, que quiere decir sometimiento-sujección de Catalunya al (cuestionado) orden estatal. El marco es tan evidente que, por primera vez en la historia de unas elecciones catalanas, lo "normal" no es ofrecer más autogobierno -¿se acuerdan de aquellos giros catalanistas del PP o de aquellas promesas de Zapatero sobre el Estatut?- sino todo lo contrario: el 155. Un programa en negativo, de pura y dura supresión del autogobierno, de duración indeterminada, y, en el mejor de los casos, de tutela permanente del ejercicio de la autonomía. Un "programa" que, además, no solo se ha aplicado y cumplido sino que está perfectamente vigente y operativo: desde la regulación de la terminología de TV3 (la prohibición de llamar "presidente" o "consellers" al presidente y a los consellers cesados) hasta el traslado forzoso a Aragón del arte de Sijena por orden del ministro-conseller Méndez de Vigo.
Por primera vez en la historia de unas elecciones catalanas, lo "normal" no es ofrecer más autogobierno sino todo lo contrario
¿Qué es aquí lo normal y lo anormal? Con el plácet de la Corona, el sí de la oposición del PSOE y CS, y el apoyo de los grandes poderes económicos, financieros, y mediáticos, con la judicatura, la policía y el ejército dispuestos a lo que hiciera falta, el presidente del Gobierno español y líder del PP disolvió el Parlament, convocó las elecciones del 21-D, e intervino y suspendió la autonomía pese a que la declaración/proclamación e independencia por parte del Govern y la mayoría independentista del Parlament ni surtió efecto alguno ni movió a revuelta alguna ni mucho menos desató violencia insurreccional alguna.
El Consell de Garanties Estatutàries, órgano poco sospechoso de filoindependentismo, ha declarado inconstitucional el cese del Govern por parte del presidente del Gobierno. Rajoy confiscó la autonomía para impedir la no-independencia. Y por eso, la solución final de Rajoy para abortar la República del 27 de octubre no sólo ha pisoteado los derechos democráticos del catalán “indepe” o simplemente partidario de un referéndum, sino también del catalán "autonomista", a quien le han puesto al ministro del Interior al frente de los Mossos de Esquadra.
Puigdemont en el acto de Bruselas / EFE
Por si había alguna duda, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, lo ha dejado bien claro: las elecciones en Catalunya se han convocado para que las ganen los “constitucionalistas”. Atención: no se han convocado para que la ciudadanía catalana decida quién debe gobernar, sinó para que las ganen los que las convocan. ¿Puede haber, en la concepción de la ministra del ejército, algo más parecido a aquellas "elecciones" de la "democracia orgánica" que se celebraban durante el franquismo? Pero, ¿y si el "constitucionalismo" fracasa? El 21 de diciembre, pase lo que pase, y especialmente, si los independentistas mantienen la mayoría en el Parlament, recuerden lo que ha dicho Cospedal, porque puede pasar de todo. M. Rajoy dixit, que “el 155 siempre está ahí”.
Así que los independentistas no solo tienen que comparecer en las urnas el 21-D sinó que además deben ganar las elecciones. De entrada, los independentistas incluso tienen que recuperar la autonomía que le han hurtado los "suyos", los "constitucionalistas", al catalán "autonomista", lo cual es una paradoja pero también un imperativo político y moral. Pero además, tienen que recuperar la libertad para todos, empezando por esos presos y exiliados que, siendo candidatos, no pueden hacer campaña con normalidad. Ese es el programa. Y ello, sin olvidar que después de los piolines con sus porras ahora vienen los normalizadores con sus sonrisas y bailes.
El principal riesgo para el independentismo en el 21-D es la tentación de normalizar la campaña más anormal reduciéndola a una pugna partidista por el primer puesto entre ERC i JxCAT
El principal riesgo al que tiene que hacer frente el independentismo en el 21-D es la tentación de normalizar la campaña electoral más anormal que se recuerda en la Europa democrática reduciéndola a una pugna partidista por el primer puesto entre ERC y JxCAT. Ni esta era la intención de ERC al defender las listas separadas para ampliar la base del independentismo por la izquierda y la derecha, ni tampoco la de JxCAT al defender la lista unitaria, cuyo espíritu recoge la candidatura apartidista y transversal del president. Están en su derecho a hacerlo, por supuesto. Pero sabiendo que ahondar esa fractura es el objetivo final de los normalizadores. No es problema del independentismo que, llegado el caso, Puigdemont o Junqueras, Junqueras o Puigdemont no pudiesen tomar posesión de la presidencia de la Generalitat pese a ser elegidos por el nuevo Parlament. Es el Gobierno español quien deberá responder ante el mundo de que esa situación perfectamente descriptible en términos democráticos se llegue a producir.
Esta semana, el independentismo ha cargado las pilas con la renuncia de Madrid a la euroorden ante la posible negativa de la justicia belga a entregar a Puigdemont o limitar los delitos por los que pudiera haber otorgado la extradición. Y ha llenado de esteladas las calles de Bruselas. Pero una desmoviliación provocada por la querella electoral podría ser letal para las expectativas de ERC y JxCAT, que son las de (casi) todo el independentismo. El independentismo deberá elegir entre la Catalunya "anormal" y la Catalunya normalizada.