“Sin ningún tipo de complejo ni exacerbación”. Así promete actuar el fiscal general del Estado en todo lo relativo al referéndum anunciado para el 1-O por el gobierno de Catalunya. No se descarta -y he ahí la novedad- que esas actuaciones incluyan a los voluntarios, es decir a los ciudadanos y ciudadanas que libremente quieran participar como agentes electorales de la Generalitat en el dispositivo de la votación, como sucede en todas las convocatorias electorales Si esto fuese una guerra -que lo es- diríamos que el fiscal general del Estado, y el Gobierno que lo nombró, ha empezado a amenazar a la población civil. A los voluntarios. A mi vecino. A mi amigo. A mi familia. Ese señor está criminalizando a mi gente y a la gente que quiere votar. Esos ciudadanos y ciudadanas que, tan pronto como trascendió la amenaza, respondieron a José Manuel Maza que no se corte, que proceda cuanto antes.
Pero sucede que ese mismo señor está inhabilitado democráticamente para el cargo por el Congreso de los Diputados -máximo órgano de representación de la “soberanía nacional”, según nos recuerda una y otra vez el Gobierno que lo sostiene- desde el 16 de mayo pasado, cuando fue reprobado por “injerencias” en investigaciones por corrupción que, oh casualidad, afectan al PP, el caso Lezo entre ellas. Junto a él fueron reprobados su subordinado, el ya exfiscal anticorrupción Manuel Moix, y el ministro de Justícia y por ello notario mayor del Reino, Rafael Catalá. En una democracia normal, todos ellos habrían dimitido o habrían sido cesados ipso facto, pero sucede que España nunca ha acabado de ser una democracia normal. A España más bien le tiemblan las piernas cuando se la somete al test democrático. Y se acumulan los indicios que va a aguantar muy mal la prueba de estrés democrático del referéndum catalán. Por mucho que Mariano Rajoy -declaración ante la Audiencia Nacional por Gürtel el próximo 26 de julio mediante- haya convencido a Emmanuel Macron que España sigue siendo una y no 51.
Se acumulan los indicios que España va a aguantar muy mal la prueba de estrés democrático del referéndum catalán
Este lunes hará 30 años, la organización terrorista ETA perpetró su atentado más sanguinario. 21 personas murieron y otras 45 resultaron heridas como consecuencia de la explosión de la bomba de 200 quilos depositada en el maletero de un Ford Sierra situado en el aparcamiento del centro comercial Hipercor, en la Meridiana de Barcelona. Conozco a gente que vivía en las inmediaciones a quienes la brutal acción les cambió la cara para siempre. Ese atentado marca el punto más alto de la sinrazón de ETA, cuando la población civil, los ciudadanos de a pie, las víctimas, usted y mi amigo que lo vivieron de cerca se convirtieron -nos convertimos- en objetivos “indeterminados” del terror. ETA se liberó en Hipercor de cualquier escrúpulo si es que una vez instalada en la espiral de la acción-reacción albergó alguno.
El atentado de Hipercor cambió muchas cosas, entre ellas, la corriente de simpatía hacia el mundo de Batasuna y, en general, la causa del independentismo vasco (HB había cosechado cerca de 40.000 votos en las elecciones europeas de ese mismo año de 1987). Y precipitó el lento final de la organización Terra Lliure, disuelta en 1991 tras un intenso asedio policial. En los atentados que cometió murieron 5 personas, 4 de ellas militantes del grupo. Hipercor, en fin, puso al muy minoritario y mayoritariamente pacífico independentismo catalán de aquellos años en el punto de mira del aparato político-judicial del Estado (Operación Garzón en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92).
Son las urnas, no las pistolas, o las bombas lo que teme España 30 años después de Hipercor
El terrorismo de ETA funcionó durante mucho tiempo como inhibidor del independentismo catalán. Y hasta bien avanzados los años noventa, cuando la ERC de Colom y después de Carod y Puigcercós levantaron la estelada, el independentismo fue más testimonial que políticamente operativo, a pesar de su creciente normalización. Lo que constituye la diferencia fundamental con el momento presente: ahora, el independentismo, pacífico, tranversal y democrático no es solo la corriente principal del paisaje político y sociológico catalán sinó que constituye el principal desafío al statu quo español. Son las urnas, no las pistolas, o las bombas como la de Hipercor, lo que teme España 30 años después y especialmente en Catalunya. Las teme tanto como para llegar al extremo de denegar una reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya, como acaba de hacer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, porque en el contexto del procés y el anunciado referéndum no se fía, literalmente, del conseller Jordi Jané, auténtico arquetipo del convergente tranquilo de toda la vida. Y, lo que áun es más grave, prescindiendo del hecho que Catalunya está en alerta 4, felizmente ya no por ETA, retirada del escenario hace 6 años, sinó por la amenaza del gihadismo asesino.
¿Acaso el Estado español está dejando a su suerte a Catalunya, a diferencia del País Vasco, ante la amenaza gihadista?
La negativa de Zoido a reunir el órgano de coordinación entre las policías española y catalana se suma a la del ministerio de Hacienda, que esta misma semana ha denegado la ampliación de la plantilla de los Mossos consignada en los presupuestos de la Generalitat. De los 500 efectivos previstos por el Govern, Montoro sólo autoriza 50. En cambio, el lehendakari Iñigo Urkullu ha tenido más suerte en sus tratos con el Ministerio de la seguridad "nacional". Para Madrid, cómo han cambiado las cosas desde los tiempos de Hipercor, la Ertzaintza, a diferencia de lo que sucede con los Mossos d'Esquadra, ha dejado definitivamente de ser una policía bajo sospecha. Tanto, que el ministro reúne sin más problema la Junta de Seguridad del País Vasco y la Ertzaintza podrá acceder a las bases de datos europeas sin el filtro del Estado español. ¿Se acuerdan de la tempestad que se abatió sobre Josep-Lluís Carod-Rovira cuando, al parecer, intentó negociar una tregua de ETA para Catalunya? ¿Acaso el Estado español está ahora dejando a su suerte a Catalunya, a diferencia del País Vasco, ante la amenaza gihadista?
Dado que el Gobierno no se fía de los Mossos, se entiende por qué Cospedal se ha traído toda la cúpula del Ejército a Barcelona
Urkullu, por cierto, asistirá este lunes en Barcelona a los actos en recuerdo de las víctimas de Hipercor a los que también acudirà la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y donde coincidiran, obviamente, con el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Dado que el Gobierno español no se fía de los Mossos, se entiende ahora por qué la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, se ha traído también este lunes a toda la cúpula del Ejército a Barcelona. Serán trece tenientes generales y dos generales, los que asistirán a la reunión del Consejo Superior del Ejército. Digo yo que será para que refuercen la guardia o algo, ¿verdad?. Ya lo dice Maza, el fiscal de todos en la España de todos: “Sin ningún tipo de complejo ni exacerbación”.