Desde que el anuncio del referéndum inutilizó el discurso del golpe de estado, Madrid busca formas de recuperar el relato sobre Catalunya. Algunos artículos en La Vanguardia i El Periódico, así como las maniobras de Jordi Xuclà en el Congreso, dan a entender que las amenazas de aplicar el artículo 155 o de inhabilitar al presidente Puigdemont son cortinas de humo para esconder el auténtico juego.

La división que ahora mismo hay dentro de Junts pel Sí no viene tanto del miedo que da el Estado como de la desconfianza que los dirigentes de ERC tienen que el resultado del referéndum se llegue a aplicar, si no encuentran una fórmula que comprometa a algunos sectores de PDeCAT. Excepto Puigdemont, que va por libre, precisamente para evitar que lo puedan parar, muchos cargos de la vieja CDC todavía confían en aprovechar la fuerza del referéndum para negociar con España.

Los catalanes que cuchichean en la oreja de Sáenz de Santamaría presionan para que el Estado permita la celebración del referéndum, con la promesa de que el resultado no se podrá aplicar. Una manera de hacer daño a la idea de la autodeterminación sería hacer ver que se puede ejercer sin consecuencias, ciertamente. Aun así, los españoles no se fían porque lo más probable es que, aunque la idea quedara debilitada, más debilitada quedaría la posición del Estado en Catalunya.

Todo el problema viene del hecho de que el referéndum no es ilegal, ni será considerado una ilegalidad en el mundo civilizado. El precedente del Canadá demuestra que es posible celebrar un referéndum contra la voluntad del Estado, en un entorno democrático. Además, el Parlamento ha aprobado resoluciones que reivindican este derecho, sin que el Estado se haya opuesto nunca hasta los últimos años. Incluso el PSC, que ahora blande el artículo 155, tiene documentos autodeterministas.

Como en el caso de Canadá, la celebración del referéndum pondría la presión sobre la interpretación del resultado. Así se explica la aparición de formaciones políticas de espíritu carroñero, que aspiran a hacer negocio con la impotencia y con el desencanto. También, con este escenario en la cabeza, se explica que el PDeCAT dé la oportunidad al Congreso de votar contra el referéndum catalán, a fin de que Podemos saque pecho y quede claro que los dirigentes de la vieja CiU participan de la democracia española.

El penoso intento del PP de García Albiol que el Parlamento "reconozca" que no hay una mayoría independentista en Catalunya, sin votar, toca el hueso del problema. Si se visualiza que, después de tres siglos de represión y del intento de repoblación llevado a cabo por las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, la mayoría de catalanes siguen queriendo la independencia, la democracia española quedará tocada.

Es por este motivo que me parece un error aprobar la ley de Transitoriedad al mismo tiempo que la convocatoria del referéndum. Es verdad que, una vez celebrado, saldrán los demagogos a confundir la situación. Es verdad que obligar a determinadas figuras políticas con una ley ayudaría el país a ir más al grano, pero también dará al Estado la excusa que necesita para ensuciar la idea de la autodeterminación con sus jueces falangistas.

La idea del referéndum ha inutilizado más colaboracionistas y demagogos en Catalunya que ninguna otra en la historia. Dejad que vaya haciendo su trabajo. En caso de que gane el 'sí', el independentismo ya encontrará la manera de parar a los autonomistas que intenten evitar la aplicación del resultado. Es solo una cuestión de tiempo que los alemanes mueran congelados en las puertas de Stalingrado. La gracia de la autodeterminación es que, si gana el independentismo, a partir del 2 de octubre la política de hechos consumados pasará de estar en manos de la Moncloa a estar a manos de la Generalitat.

La libertad necesita ser ejercida y utilizada. Cuando sufres para conservarla, como les pasó a Pujol y a Maragall, tú mismo la acabas empequeñeciendo y degradando.