Lo digo en serio: Anna Gabriel -y hasta Oriol Junqueras y Carles Puigdemont- deberían hacerse del PP. Resulta que el gobierno de Mariano Rajoy, con la bendición del post-PSOE de Susana Díaz (y a espaldas de Albert Rivera y sus Garicanos, que no se enteran de nada) acaba de aprobar una subida de impuestos que va a reportar unos ingresos de 5.000 millones de euros a las arcas públicas. Pues bien, de esos 5.000 millones, 4.650 se van a recaudar vía impuesto de sociedades, es decir, de las empresas. Los 350 restantes se van a obtener mediante un incremento de los gravámenes de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, y el añadido de una figura tributaria de nuevo cuño, un impuesto sobre los refrescos que es clavadito, clavadito, al de los presupuestos de la Generalitat presentados por el Govern 72 horas antes.

Ahí, el ministro Montoro se ha pasado un pelín: no sólo se ha colado en la fiesta de las cocacolas de Junqueras, sino que le ha birlado la barra entera de bebidas azucaradas: la norma catalana no podrá aplicarse al existir la estatal como ya pasó en el 2012 con aquel impuesto sobre los depósitos bancarios que Junqueras impuso a Artur Mas. Con todo, la jugada de Montoro debería ser interpretada por el Govern, y la CUP, que, en principio parece que esta vez sí que va a apoyar los presupuestos, como una muestra del buen criterio con el que se están preparando las próximas cuentas del Estado, que además son claramente de izquierdas. Por vez primera en años, los costes del no-rescate europeo de la economía española (¿a qué tanto cumplir con Merkel si no hubo rescate?) no los van a pagar las “clases trabajadoras”, sino las otras, incluidas las que crean puestos de trabajo. Por todo ello tampoco les extrañe que el post-PSOE de Susana Díaz (y a espaldas de Albert Rivera y sus Garicanos, que no se enteran de nada) acabe aprobando los presupuestos del PP sin despeinarse por mucho que aún prometa lo contrario. También hubo un “OTAN, de entrada no” y un "no es no" (Mariano) que ya sabemos cómo acabó.

Este viernes, a diferencia de tantos otros, no ha habido anuncio de recurso ante el Tribunal Constitucional pese a que los presupuestos catalanes incluyen el referéndum

De acuerdo. Ya sé que es harto difícil que Anna Gabriel -e incluso Oriol Junqueras y Carles Puigdemont- acaben haciéndose del PP, pero no tanto como que un Consejo de Ministros mire hacia otro lado cuando el Govern, el Parlament o los ayuntamientos catalanes aprueban acuerdos o disposiciones relacionados con el procés, y, en tanto que tales, al margen de “la” ley. Parecía que era así, y, sin embargo, eso es lo que ha hecho,  por primera vez en muchos meses, el Consejo de Ministros de este viernes: mirar hacia otro lado ante el hecho de que los presupuestos de la Generalitat para el 2017 incluyan (disposición adicional 31) una referencia al “proceso referendario sobre el futuro de Catalunya” y el compromiso de “habilitar las partidas [presupuestarias]” para hacer frente a su organización. Este viernes, a diferencia de tantos otros viernes, no ha habido anuncio de recurso ante el Tribunal Constitucional pese a que los presupuestos catalanes incluyen el referéndum. De haberlo habido, y dado que habrían quedado automáticamente suspendidos así que el TC hubiese aceptado el recurso, el Govern habría vuelto a quedarse sin presupuestos, ahora con el Gobierno y el TC haciendo el papel de la CUP en las no natas cuentas precedentes. ¿Se trata del primer fruto, tangible, de la Operación Diálogo? La prueba, que, como anunció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la víspera, en la comisión constitucional del Congreso, el Gobierno va a reducir el nivel de “litigiosidad” con las comunidades autónomas -y, por tanto, de judicialización del procés-?

A Soraya se le pone cara de Zapatero cada vez que invita a Puigdemont a la conferencia de presidentes, el foro con el que el hombre que iba a apoyar el Estatut que saliese del Parlament de Catalunya quiso dar cuerpo en su día a la “España plural”. Entre el 2004 y el 2012 asistieron a esa cumbre, apoteosis del café para todos, a la que Puigdemont se niega a acudir, los presidentes Maragall, Montilla y Mas, ya en pleno procés sobiranista y en la única ocasión que ha sido convocada por Rajoy. ¿Acabará acudiendo Puigdemont a la conferencia de presidentes como Junqueras acudió el jueves a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para anunciar el referéndum que, de momento, Madrid no impugna? Podría ser que la campaña del referéndum ya haya comenzado y que esta vez el unionismo armado (con perdón) participe en ella de otra manera: con su mejor sonrisa, el del delegado Millo, que este viernes se reunió con Puigdemont en la Generalitat, y, por supuesto, la de Soraya, que hace días que habla con Junqueras.

A Soraya se le pone cara de Zapatero cada vez que invita a Puigdemont a la conferencia de presidentes, el foro con el que el hombre que iba a apoyar el Estatut que saliese del Parlament quiso dar cuerpo en su día a la “España plural”

Hay muchas maneras de participar en un referéndum, incluso, como es el caso que nos ocupa, aunque ni tan siquiera se acepte su celebración. Esta vez, la actitud del Gobierno español ante la convocatoria de una votación independentista por parte de la Generalitat podría ser muy diferente al 9-N y al 27-S. ¿Incluso por lo que se refiere a la acción ante los tribunales? Hace tres meses, pocos hubieran pensado que un PSOE autodescabezado estaría en condiciones de aprobarle los presupuestos al PP y mucho menos que el PP elaboraría unas cuentas que incluyen impuestos calcados de los de ERC y la CUP. No descarten nada, pero tengan siempre presente que lo imposible es lo que ocurre (Derrida) y más en tiempos de postverdades.