Con la instancia de Soraya Sáenz de Santamaría en el Tribunal Constitucional pidiendo no sólo la anulación de la disposición adicional 40 –la que manifiesta el compromiso financiero del Govern con el referéndum– sino la concretísima inculpación de altos cargos del Govern, hemos llegado finalmente a la casilla de salida del el archifamoso choque de trenes, una colisión entre administraciones que, justamente porque resulta mutuamente buscada entre los opuestos, no representa tanta tensión como podría pensarse en primer término. De momento, el gobierno español está encantadísimo de ver como las inhabilitaciones de Mas, de Ortega, de Rigau y de Homs no han causado la indignación ciudadana ni las movilizaciones espontáneas que el soberanismo esperaba. A su vez, la administración central respira tranquila cuando del Govern supura desconfianza entre los socios de Junts pel Sí. Por una parte, los republicanos hacen correr la voz que Puigdemont es el único pedecator que cree en el referéndum, pero que el entorno pactista de Artur Mas lo acabará devorando. De la otra, los convergentes que añoran la third way se van despejando de que Junqueras será capaz de olvidar la votación e incluso de venderse el alma y Sant Vicenç dels Horts con tal de ser el próximo presidente autonómico de la Generalitat.
De hace semanas, y como puso de manifiesto la juventud de Arran intentando ocupar la sucursal del PP, el Govern dedica muchos más esfuerzos a buscar hipótesis que lo salven de cumplir su promesa que en preparar un referéndum para el cual no sólo no hay fecha ni pregunta, sino que –a seis meses de celebrarse– por no tener no dispone ni de campaña pel Sí. La dispersión del Govern es evidente y se traduce en un viaje perfectamente prescindible del Molt Honorable en los Estados Unidos (la enèsima excursión para dar a conocer el proceso político catalán) y también las recientes declaraciones de Oriol Junqueras en las que pedía a los catalanes la defensa de los presupuestos de la administración autonómica. El soberanismo va borracho y eso explica ideas de bombero que van surgiendo de la plaza Sant Jaume como celebrar el referéndum y las elecciones a la par o, ante el efecto hipotético del precinto de sedes electorales, la autoimposición de una DUI. Volvemos, es más que evidente, a la funesta retórica de las astucias con que la administración catalana intenta pseudo-celebrar el referéndum que no nos han dejado hacer, un marco mental que, en definitiva, compra la tesis principal del españolismo; a saber, que el gobierno legítimo de los catalanes no es lo bastante capaz de organizar aquello que ha prometido.
Después de escarnecerlo como pantalla pasada, al referéndum le tocará vivir ahora colgado con la tara de este apellido: impedimento físico
Después de escarnecerlo como pantalla pasada, al referéndum le tocará vivir ahora colgado con la tara de este apellido: impedimento físico. Esta es la última ocurrencia que el independentismo ha tenido para poder volver a disfrazarse de víctima. Los líderes tendrían que reflexionar sobre el último CEO, no porque muestre una bajada significativa del independentismo, sino porque manifiesta perfectamente que los ciudadanos de Catalunya compran el discurso de la secesión sólo cuando éste se centra en un discurso ilusionante y valiente. Los tiempos de hacer el llorica, de buscar excusas y de ponerse en la piel del enemigo ya no dan ningún rédito más. Lo sabe el gobierno español y su judicatura, que está politizada pero –como no me cansaré nunca de insistir– donde hay gente que es de todo menos imbécil. Habría que volver al discurso positivo, y si el Govern tiene miedo de que le precinten los colegios, que se asegure el mando de la policía catalana para volver a abrirlos cuando ocurra, y si la administración catalana quiere demostrar que no teme a las inhabilitaciones, que haga firmar el decreto de convocatoria a los setenta y dos diputados pel Sí que tiene en el Parlament, y si el gobierno de Mariano Rajoy impide que alguien vaya a votar, que sea el presidente español quien lo tenga que explicar, no Puigdemont.
Catalunya no se convertirá en un Estado si no consigue sumar la libre voluntad de sus ciudadanos en una votación particular, sean cuáles sean las coacciones y precintos que lo pretendan aniquilar. Si hay un impedimento físico, desautorizadlo para demostrar que vosotros sólo os debéis a vuestros electores. Si hay un precinto, destruidlo, porque vuestra prioridad es que los individuos del país se expresen. Y si no podéis asegurarnos eso, proceded a marcharos y no nos hagáis perder ni un segundo más el tiempo, porque si aceptáis la moral del esclavo, el impedimento, físico y metafísico, sois vosotros.