A estas alturas de la película pensaba que el desinterés y aun la hostilidad de ciertos sectores del mundo de los comunes a la celebración de un referéndum -pactado o no- sobre la independencia de Catalunya era obvia para todo el mundo.

Su posición ha sido una contradicción constante. El referéndum ha pasado de ser “ineludible” y “con plazo máximo en 2016” a “puede esperar dos generaciones”. Otra línea roja que dejó de serlo. No puedo decir que me sorprenda. La suya es una posición bastante coherente con gran parte de sus actuaciones, que pueden resumirse en dos conceptos clásicos: prometer hasta meter y vendo moto. Así ha pasado con el “proceso constituyente no subordinado a ningún otro marco” de QWERTY, contra el que luego votaron en el Parlament, o la creación de un grupo propio en el Congreso, asunto en el que insistieron hasta la náusea pese a que Carolina Bescansa ya lo calificaba de imposible antes de las generales de 2015.

Las garantías del referéndum vendrán -dicen- del Gobierno español, al que la misma Colau califica de cerrado al diálogo, autoritario y represivo

El pasado viernes, nuestra -mi- querida alcaldesa Ada Colau nos ofreció la (pen)última variación de su “inmutable” apoyo a la causa tras la cumbre del Pacte Nacional pel Referèndum (sic) Acordado (añado yo). Según Colau, su espacio político nunca se ha apartado de ese propósito: el referéndum debe celebrarse por radicalidad democrática. Eso sí, las garantías vendrán de la mano del Gobierno español, al que más adelante, en la misma intervención, ella misma califica de cerrado al diálogo, autoritario y represivo. Ese mismo gobierno al que sus aliados acusaron de fraude electoral en las pasadas elecciones.

Ahora, a pocos días de que venza el “plazo máximo” que ellos mismos se habían impuesto, Colau indica que no conviene poner fecha al referéndum porque “sería un fracaso” y “generaría frustración”. Lo de generar frustración con promesas incumplidas debe saberlo de primera mano por los manteros y los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En resumen, métanle freno a la cosa o los revolucionarios se nos bajan.

La supuesta “defensa de la radicalidad democrática” puede esperar porque, no nos engañemos, el sector de los comunes no tiene interés alguno en implicarse en algo que no interpela a su cúpula ni a parte de su base.

Tienen otras prioridades: sustituir a “la mafia” de las administraciones por todas sus parejas o incrementar el gasto social multiplicando por doce (¡por doce!) el equipo de comunicación 

Tienen otras prioridades, como ya han demostrado: sustituir a “la mafia” de las administraciones por todas sus parejas o incrementar el gasto social multiplicando por doce (¡por doce!) el equipo de comunicación del Ajuntament de Barcelona en las redes. No me miren mal. Indudablemente, la situación socioeconómica de todas estas personas ha mejorado.

Esperemos que su respuesta al enésimo “No” del Estado español no consista en poner un contador de intentos fracasados junto al que numera los muertos en el Mediterráneo y que de tanto ha servido.