Después de más de 100 días de protestas, este domingo se espera que millones de venezolanos vuelvan a salir a las calles para rechazar el chavismo. Esta vez, sin embargo, en las urnas. Están convocados en una consulta popular, que es organizada por la oposición y no es reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro, que la considera "golpista". Las preguntas que se hacen son tres:
1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Asamblea Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? 2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? 3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo que establece la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
Este plebiscito, que no es vinculante pero quiere ser una demostración de fuerza, es la respuesta a la propuesta de Asamblea Constituyente de Maduro en un intento de salir de la crisis política que atraviesa el país. Emulando las de 2014, las protestas estallaron con fuerza el pasado 30 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, declaró la Asamblea Nacional en desacato y decidió dejarla sin poderes. Dos días antes sacó a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió a Nicolás Maduro poderes especiales en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
Desde entonces, las protestas han sido diarias, y fuertemente reprimidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El balance ya es de 94 muertos en las manifestaciones, incluidos muchos menores de edad. Para entender cómo se ha llegado a esta consulta popular, sin embargo, hay que remontarse hasta diciembre de 2015.
Elecciones legislativas: el punto de inflexión
Las elecciones legislativas de diciembre de 2015, en la víspera de las cuales Maduro decía estar preparado "militarmente" para una derrota, marcaron un antes y un después. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora que reúne desde la derecha liberal hasta organizaciones socialdemócratas y marxistas-leninistas, no sólo consiguió la mayoría absoluta. También obtuvo los dos tercios necesarios de la Asamblea Nacional (112 de 167 escaños), los necesarios para tumbar leyes orgánicas y tratados o acuerdos internacionales. Su objetivo era claro: destituir al presidente.
La respuesta de Maduro no se hizo esperar. Después de los comicios, antes de que la nueva Asamblea Nacional tomara posesión, el gobierno venezolano nombró a 13 jueces principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. El más alto tribunal es, junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano que ha torpedeado toda la acción legislativa de la oposición durante el último año y medio. Entre los magistrados del Supremo hay exdiputados chavistas y excandidatos parlamentarios.
En última instancia, y sin ninguna justificación, es este Tribunal Supremo de Justicia el que le arrebató la Asamblea nacional sus poderes a finales de marzo. Sólo hizo marcha atrás después de la presión de la comunidad internacional y del Consejo de Defensa de la Nación (Codena).
El referéndum revocatorio fallido
El gran objetivo político de la oposición desde su victoria era la convocatoria de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, que permitiera destituir al presidente venezolano y convocar inmediatamente unas elecciones presidenciales libres. Sólo había un problema: para que hubiera nuevos comicios, el referéndum se tenía que llevar a cabo el año pasado. Si no, como marca la Constitución, Maduro simplemente sería sustituido por su vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Tibisay Lucena, considerada muy próxima al chavismo, impidió su celebración.
Aunque la exigencia legal era del 1% del censo (unas 200.000 firmas), la oposición presentó más de 1,8 millones, de las cuales el Consejo Nacional Electoral validó más de 400.000. Después de cumplir el requisito, el órgano electoral impuso otro: la recolección de firmas correspondientes al 20% del censo. La oposición empezó a recogerlas, pero el CNE acabó paralizando el proceso de recogida.
A pesar de todos los intentos de la oposición en la Asamblea nacional, y la presión de diversos expresidente latinoamericanos y organismos supranacionales, el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro no pudo celebrarse.
Consulta popular contra los planes de Maduro
La victoria abrumadora de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre del 2015 lo trastocó todo en el Gobierno. El año pasado también tenían que celebrarse elecciones regionales y municipales, pero no fueron convocadas y, por lo tanto, no se llevaron a cabo. El pasado abril Nicolás Maduro anunció que tendrían lugar a finales de este año, sin dar más detalles.
Mientras, como respuesta a la crisis política abierta por el Tribunal Supremo el 30 de marzo, el presidente ha impulsado una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya composición no será escogida completamente en elecciones constituyentes. De los 540 diputados que tienen que conformar la ANC, 168 provendrán del llamado "ámbito sectorial". Los 364 diputados "territoriales" serán escogidos mayoritariamente a razón de un diputado por municipio, independientemente de la población (Miranda y Zulia, los dos estados más poblados, votan claramente por la oposición). Los ocho escaños restantes serán representantes de las etnias indígenas.
Llegados a este punto, la Asamblea nacional, de mayoría opositora, convocó para este domingo una consulta popular, que busca rechazar la ANC, exigir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que defienda la Constitución de 1999 (impulsada por Hugo Chávez cuando llegó al poder) y demandar unas nuevas elecciones libres. Hay habilitados más de 2.000 puntos de votación, tanta en Venezuela como el exterior.
La oposición se ampara en el último artículo de la Constitución de 1999, la de Chávez, que dice losiguiente: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".