Tal día como hoy del año 1918, hace 99 años, el liberal Álvaro Figueroa y Torres-Mendieta, conocido como el conde de Romanones, formaba gobierno con los "romanonistas" Argente, Gimeno, Gómez-Acebo, Rosselló y Salvatella y con los militares Berenguer y Chacón con el propósito de liquidar las demandas autonomistas de Catalunya y las reivindicaciones obreras de la clase trabajadora catalana que, a criterio del poder económico y político español, estaban causando una fuerte inestabilidad que alimentaba la crisis económica. El gobierno Romanones, de común acuerdo con el rey Alfonso XIII, se fijó como objetivo desbaratar la Mancomunitat de Catalunya.

Desde el preciso instante en que Romanones y su gobierno tomaron posesión de los cargos activaron una agresiva campaña mediática, capitaneada por los rotativos de Madrid, que demonizaba la Mancomunitat y la presentaba como una plataforma política al servicio de los autonomistas catalanes que perseguían el objetivo final de la independencia de Catalunya. Para vestir la campaña se recurrió a analogías con los precedentes autonomistas de Cuba y de Puerto Rico (1897) que habían culminado con la independencia de aquellas colonias. El propósito del gobierno Romanones era liquidar la Mancomunitat y provocar una gran crisis política entre los partidos catalanistas.

La Mancomunitat de Catalunya, organismo preautonómico presidido por Josep Puig i Cadafalch —líder de la Liga Regionalista—, era vista por el poder económico y político español como una amenaza a la integridad territorial española que garantizaba sus intereses de clase. Romanones presentó un paquete de propuestas a las Cortes españolas con el propósito de revertir las competencias de la Mancomunitat a las diputaciones provinciales; que no prosperarían más por las fuertes rivalidades personales entre los líderes de los partidos dinásticos (Maura, Dato, García-Prieto y el mismo Romanones) que por su espuria naturaleza.

La respuesta catalana a las presiones españolas se tradujo en un incremento de las reivindicaciones autonomistas y obreristas. Un mes y pico después estallaba la huelga de la Canadiense (1919). Romanones se vería obligado a aceptar las reivindicaciones obreras y Catalunya se convertiría en el primer país de Europa en establecer la jornada laboral de ocho horas. Pero la semilla anti-autonomista había quedado alojada en el corpus político y social español, y cuatro años después (1923) el general Primo de Rivera, con el visto bueno del rey Alfonso XIII, daría un golpe de estado y aplicaría manu militari todas las medidas que había previsto, punto por punto, el gobierno Romanones.