Tal día como hoy del año 1834, hace 183 años, el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno español, el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa, firmaba el decreto de creación de los partidos judiciales, que era presentado como un modelo de subdivisión territorial dentro de la división provincial -siguiendo los modelos de las prefecturas y subprefecturas francesas. Un modelo que incidía en el descuartizamiento territorial de Catalunya iniciado el año anterior con la creación de las provincias. Desde que el primer Borbón hispánico había liquidado el régimen foral catalán (1714), Catalunya había sido una provincia única que con el nuevo modelo liberal se descuartizaba con el propósito de diluirla.

El año anterior De Burgos -ministro del gabinete Martínez de la Rosa- había impulsado una división provincial que no tenía ninguna relación ni con la tradición histórica ni con la realidad socio-económica de Catalunya. Las Terres de l'Ebre, que gravitaban en torno a Tortosa, eran incorporadas a Tarragona; y el Penedès, históricamente vinculado a Tarragona, era incorporado a Barcelona. Reus, segunda ciudad económica y demográfica de Catalunya, era absolutamente ignorada. La Cerdanya -dividida 175 años antes entre España y Francia- era troceada entre Girona y Lleida. Y el Arán, territorio autónomo desde el siglo XII, era graciosamente incorporado a Lleida. Por citar algunos ejemplos.

Partidos judiciales. Martinez de Rosa y De Burgos

El presidente del gobierno español Martínez de la Rosa, y el ministro Javier de Burgos

La imposición de los partidos judiciales fue el giro definitivo. Al margen de su estricta función judicial se les asignó otras competencias -distritos electorales- que los convertía en la sombra alargada del poder gubernativo establecido en la capital provincial. También, como la división provincial, fueron trazados sin ningún criterio, ni histórico ni socio-económico, y provistos y dirigidos por elementos políticos impuestos desde Madrid que se convertían en la máxima representación del poder del Estado sobre el territorio: la españolización cultural de Catalunya. Y la inoculación de la cultura política hispánica: el atavismo, la corrupción y el caciquismo, hasta el último rincón del Principat.